¿Cómo llegamos a que un alcalde de la capital del país, investigado por presuntas irregularidades en su administración, esté batallando como gato panza arriba para no perder su cargo mientras los concejales se le apartan entre pedidos de renuncia y amenazas de destitución?

Y ¿qué tanto se implican los ciudadanos quiteños en este asunto que debería resultarles de interés prioritario?, pues entre los derechos de participación establecidos en el artículo 61 de la Constitución está el de fiscalizar los actos del poder público y revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular.

Veamos a quién representa Jorge Yunda, un médico cirujano, más conocido por su faceta de radiodifusor –ámbito en el que se lo identificacomo Loro Homero–, que se involucró en política, ejerció la presidencia del Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel) entre 2007 y 2009, durante el gobierno de Rafael Correa, y se volvió visible en su etapa de asambleísta, cuando se le cuestionaba tener vínculos directos e indirectos con la asignación de 35 frecuencias radiales. En 2013 fue candidato a asambleísta por Alianza PAIS, pero no ganó. Llegó a la Asamblea en 2017 y en 2018, tras el cisma de ese movimiento, se integró a Centro Democrático, que le veía proyección para alcalde de Quito o prefecto de Pichincha. En 2018 dejó el cargo de asambleísta y se postuló para la Alcaldía de Quito por el movimiento Unión Ecuatoriana, fundado por el exfiscal Washington Pesántez.

En las elecciones para la Alcaldía de Quito (2019) participaron 18 candidatos. Ganó Jorge Yunda con el 21,39% de la votación, seguido de la candidata del correísmo, Luisa Maldonado (18,42%), Paco Moncayo (17,78%), César Montúfar (16,93%) y Juan Carlos Holguín (6,86%), el resto de los candidatos en conjunto sumó el 18,61% de los votos válidos.

¿Qué tipo de representación ciudadana se puede alcanzar con una quinta parte de la votación válida? –no cuentan los votos nulos ni blancos, ni el ausentismo–. ¿Cómo se relacionan la estabilidad social y la gobernabilidad con la percepción de legitimidad de una autoridad electa con escasa representación política?

¿Será acaso necesaria una segunda vuelta electoral para las alcaldías, al estilo del balotaje presidencial?

Se pensó que acoger una mayor participación de movimientos locales e incluso de personas no afiliadas a estos lograría una mayor participación y representatividad de la ciudadanía que tiene intereses y necesidades de variado tipo; y eso está muy bien para la conformación de los concejos, pero debe corregirse la calidad de la representación cuando se trata de autoridades que administran competencias de necesidades básicas de la comunidad, que involucran contratación pública con fondos que, bien o mal administrados, repercuten en la prestación de servicios públicos para los ciudadanos. Una muestra es la inmovilidad del metro de Quito.

Hace falta estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación de ciudadanía –competencias fallidas del CPCCS–, pues no se percibe una implicación efectiva de la población en el control social de lo público. (O)