“No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el estremecedor silencio de los buenos”, Martin Luther King.
Tomar el pulso al sentir social del Ecuador es desolador. La resignación ciudadana frente a la violencia criminal, el desempleo y la degradación política definen el desencanto en la vida pública nacional. Un descontento civil que no ejerce su poder de manifestación al no contar con la protección a su integridad personal, que el Estado está obligado a garantizar, y que se agudiza frente a una guerra desorganizada contra el crimen organizado.
Este ánimo sombrío, que soporta el peso de la incertidumbre y la desconfianza social, se evidencia en nuestro horizonte institucional, económico y social. Desde la dimensión institucional, de acuerdo con Perfiles de Opinión, la credibilidad en el Estado es del 17,67 %; en la Fiscalía General del Estado es del 15,18 %; en el Gobierno nacional es del 12,12 %; en el Consejo Nacional Electoral es del 7,14 %; en el Consejo de Participación Ciudadana es del 6,07 %; y en la Asamblea Nacional es del 5,58 %. La ciudadanía, al no creer en el Estado y sus contrapesos, contiene su voz frente a una papeleta electoral cargada de vicios perversos que destruyen la institucionalidad de la democracia.
Política ecuatoriana y los candidatos
Desde la dimensión económica, en agosto nuestro riesgo país cerró en 1.350 puntos; se registró una contracción del 1,6% de la recaudación tributaria y el consumo de la familia ecuatoriana es cada vez menor. De acuerdo con el informe Pulso a la Democracia de Lapop Lab, el 37 % de ecuatorianos reporta haberse quedado sin comida durante los últimos tres meses, y el 39 % tiene intenciones de emigrar debido principalmente a la inseguridad económica, la pérdida de ingresos y el desempleo. La ciudadanía pierde la esperanza de un futuro mejor y un importante sector de la población se prepara, en silencio, para dejar nuestro país en condiciones irregulares y hasta arriesgando su vida.
Desde la dimensión social, la victimización por la delincuencia constituye un punto de inflexión crítico del sufrimiento ciudadano. De acuerdo con el Observatorio del Crimen Organizado, la extorsión es el delito de mayor crecimiento a nivel nacional, entre 2022 y 2023 este delito se incrementó el 364 %. En el sector empresarial, el 53 % de las empresas que han sido objeto de extorsión informan haber sido extorsionadas entre tres y cuatro veces en el último año. Este delito impone el silencio al ciudadano, quien se debate entre las represalias del extorsionador y la desconfianza en las autoridades.
Este silencio ciudadano nos obliga como sociedad a no convertir la resignación en una respuesta social pasiva frente a nuestra realidad nacional, a no permitir que la pérdida de esperanza se traduzca en conformidad civil, a no responder con indiferencia a una realidad que, más temprano que tarde, anulará nuestra voluntad ciudadana para ejercer soberanía popular. El voto ciudadano puede y debe convertirse en el grito político de rebeldía social, de rechazo y resistencia; porque una sociedad silenciada no nos puede convertir en una sociedad cómplice. (O)
