Forzado por el paro de la Conaie y más movimientos indígenas, el Gobierno se ha resignado a aceptar 218 llamados “acuerdos”, que más parecen sometimientos a la voluntad del señor Iza. Esto establece un precedente nefasto para el futuro: cualquier grupo, empleando la fuerza, puede alcanzar sus fines, lícitos o no. En lo público y en lo privado, es requisito esencial el libre consentimiento; y el otro elemento fundamental es la licitud de lo pactado. En el derecho privado se puede pactar todo lo que no está prohibido; en el derecho público, la autoridad solo puede hacer lo que está autorizado por la ley. Acabamos de presenciar que el Gobierno, en su proyecto de consulta popular, ha tenido que aceptar las observaciones de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas. El mismo cuestionamiento tiene que hacerse sobre la constitucionalidad, legalidad, de los acuerdos a los que ha llegado con el movimiento indígena. Ahora viene la segunda fase, el seguimiento y el cumplimiento de los acuerdos, y para ello, la Conferencia Episcopal, por medio de su secretario, monseñor De la Torre, adelantó que la Conferencia no participará en esta mesa de seguimiento pues entienden “que es tiempo de que el Estado pueda retomar su función y misión”. (EL UNIVERSO, 16 octubre 2022). Qué grave apreciación, pues solo se retoma lo que no se está ejerciendo. Mientras tanto, el ministro de Gobierno manifiesta: “El Gobierno ha hecho todo para dar tranquilidad al país y pienso que lo hemos conseguido” (Diario Expreso). Lo dice mientras dirigentes del movimiento indígena amenazan con un nuevo paro y mientras se producen espantosas matanzas en Esmeraldas, Durán y Guayaquil.

Aunque Fenocin anuncia protestas para que Gobierno cumpla acuerdos, las otras organizaciones indígenas mantienen cautela

Antes de ratificar lo que sus ministros hayan acordado, al presidente le corresponde revisar la constitucionalidad, legalidad de lo convenido en las mesas de diálogo; y, lo más prudente, anunciar que todo ello será sometido a una consulta popular. Eso le liberará de su responsabilidad legal e histórica. Nada podría objetar los movimientos indígenas, porque no hay nada más democrático que someterse a la voluntad general.

Toca consultarle al pueblo

Hay materias en las que salta a la vista que se está faltando a lo dispuesto en la Constitución: el transferir la competencia total educativa, con independencia administrativa, técnica y financiera, que la tiene privativamente el Estado, el Ministerio de Educación, a una Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, es inconstitucional. Esa autonomía, mucho nos tememos por los idearios del señor Iza, servirá para el adoctrinamiento de los jóvenes con presupuesto del Estado. ¡Una escuela de revolucionarios pagados con los impuestos de los contribuyentes! Esto contraría al principio del Estado laico, la libertad de educación. Por razones parecidas, el Gobierno no puede renunciar a la explotación de los recursos naturales; a limitarlos en el caso del petróleo, o esperar a una hipotética ley de consulta en el caso de la minería.

La responsabilidad legal e histórica del presidente es enorme. No se trata de sobrevivir, sino de trascender. (O)