Los homicidios producto de la violencia en el Ecuador alcanzaron en el año 2023 niveles nunca registrados, según el Boletín del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, lo que dejó al país como el más violento de Latinoamérica y entre los primeros en el mundo. El año 2023 se produjeron 8.004 homicidios; entre los años 2019 y 2022 fueron 9.878, según el informe. Si a esto sumamos 1.876 producidos entre los meses de enero y abril del año 2024, según el Ministerio del Interior, a estas fechas habrá superado las 20.000 muertes violentas producto del crimen organizado. ¿Estamos o no estamos viviendo un conflicto armado interno? Estamos.
La Constitución, en su artículo 164, determina los casos en los que el presidente de la República puede decretar estados de excepción en todo o en parte del territorio, por agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural.
Así, el presidente Daniel Noboa ha decidido navegar entre decretos de estado de excepción. Como ej., el decreto 110 (08/01/2024) por grave conmoción interna en todo el territorio nacional, incluidos los centros de privación de libertad, y el decreto 111 (09/01/2024), que reconoce la existencia de un conflicto armado interno e identifica a 21 grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes, ubicándolos como objetivos militares.
El decreto 218 (07/04/2024) ratifica la persistencia del conflicto armado interno, porque se mantienen las hostilidades en todo el territorio; además, los ministros de Defensa e Interior pueden solicitar al presidente una declaratoria de estado de excepción, que según el art. 165 de la Constitución permite suspender o limitar el derecho a la inviolabilidad de domicilio, de correspondencia, de tránsito, asociación, reunión e información.
Todo bien, hasta que promulgó el decreto 250 (30/04/2024) declarando estado de excepción por persistencia del conflicto armado interno en cinco provincias y la Corte Constitucional (CC) lo declaró inconstitucional, por no aportar elementos fácticos suficientes y tener fallas en los argumentos jurídicos. El presidente insiste y, una vez corregido y organizado, con el Decreto 318 (02/07/2024) declaró estado de excepción por grave conmoción interna y conflicto armado interno en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Manabí, Orellana y el cantón Ponce Enríquez de la provincia del Azuay. Actualmente, está en revisión en la CC.
En resumen, el año 2023 fue el más violento de la historia del país. Durante los primeros meses del año 2024, los pocos datos oficiales muestran una disminución, a pesar de que la prensa y redes sociales difunden a diario noticias sobre muertes violentas. No está conceptualizado claramente qué es conmoción interna, conflicto armado interno y doctrina, a fin de lograr el entendimiento y apoyo de las instituciones del Estado, actores políticos y ciudadanía. Los resultados de los estados de excepción no están fácilmente disponibles por parte del Ministerio del Interior. Así, el presidente seguirá navegando entre decretos de estados de excepción, oposición y violencia. (O)
