El segundo sábado de mayo ha sido destacado como día de celebración mundial de la afamada posición mercantil denominada comercio justo, confundida de manera restringida como precio mínimo, cuando debe entenderse como una corriente filosófica y política que ha penetrado fuertemente en las transacciones de bienes agrícolas, que aspira a mejorar la situación paupérrima de los agricultores y sus trabajadores, observando el cumplimiento de obligaciones sociales y ambientales, calando con fortaleza en la aceptación de los consumidores dispuestos a asumir las pequeñas alzas en el precio del producto final, que ello significa. Desde su origen, que se remonta al año 1940, es una alternativa al mercado tradicional frente a las desigualdades en el trato que reciben los empresarios agrícolas. Es considerado un movimiento social que busca desmontar los modelos tradicionales, reemplazándolos con patrones productivos y comerciales responsables y sostenibles, especialmente para los pequeños cultivadores. Se comprende, por tanto, los homenajes en su nombre.
En consideración a los altos fines de esta corriente de pensamiento, las sociedades agrícolas se afanan por adoptarla como medida de política agraria para enderezar defectos de la comercialización en todas sus fases, donde más injusticias y desequilibrios se han evidenciado; por tanto, las legislaciones agrícolas nacionales deberían acoger en profundidad los principios y normas que representa la frase comercio justo, pero con pesar debemos consignar, no fue recogido en el proyecto de Código Agrario, listo para ser aprobado por la Asamblea Nacional, promovido por el Partido Social Cristiano, desconociendo lo que su principal líder, el Ab. Jaime Nebot planteó, a nombre de las fuerzas productivas del país, en las preguntas para una consulta popular, penosamente negadas por la Corte Constitucional, que definían con toda claridad y reivindicaba este principio y otras normas afines que hubiesen sido aprobadas por el pueblo ecuatoriano.
La filosofía involucra la sostenibilidad integral en todos los órdenes, social, económico y ambiental, comprometida con la responsabilidad compartida para vincular a todos los actores de las cadenas productivas y de valor, reconociendo los derechos de quienes han sido marginados del acceso directo a los beneficios del mercado libre, estimulando la asociatividad, lograr vinculaciones comerciales justas, solidarias, transparentes, a largo plazo, que valoren el trabajo agropecuario en su real magnitud, con compromisos de consumo responsable con los eslabones finales del negocio, además aceptando acuerdos para evitar el dispendio de alimentos.
Ecuador señaló lo que se debe hacer cuando el exministro de Agricultura Pedro Álava González lograra la decisión unánime de sus colegas latinoamericanos, reunidos virtualmente en Guayaquil el 22 de enero de 2022, aprobando que los precios del banano sigan la fórmula de comercio justo, tesis que los gremios sostuvieran posteriormente en foros europeos, como política regional permanente hasta conseguir que los supermercados encuadren su disciplina a los cánones de fairtrade o comercio justo. (O)
