El cierre del 2024 dejó en evidencia una vez más las fragilidades estructurales del modelo de gestión de los sectores estratégicos en el Ecuador. El sector eléctrico, definido como “estratégico” en la Constitución de Montecristi, enfrentó un estiaje severo, una planificación deficiente y una incapacidad operativa para garantizar la provisión continua de energía. El resultado fue una serie de apagones que afectaron la producción y el comercio. Frente a esta deficiencia del Estado, la empresa privada tuvo que incurrir en gastos contingentes significativos, como la adquisición y operación de generadores, costos no previstos que deterioraron su competitividad y liquidez.

Un año después, el país cierra nuevamente con un problema en otro sector estratégico: el petrolero. La producción de Petroecuador cayó el 10 % entre enero y octubre de 2025 con respecto del año pasado. El petróleo no solo es el principal producto de exportación del país, sino también una fuente crucial de ingresos fiscales. Una caída en la producción tiene efectos directos sobre el PGE y el déficit fiscal.

La situación es especialmente crítica porque el margen de maniobra fiscal se ha reducido considerablemente. La reciente eliminación del subsidio al diésel, una medida fiscalmente necesaria pero insuficiente, deja al Gobierno con menos instrumentos para compensar una caída en los ingresos petroleros. En este contexto, el ajuste tiende a trasladarse al futuro: menores ingresos hoy implican mayores impuestos mañana. Todo apunta a que en 2026 la solución será, una vez más, una reforma tributaria que recaerá principalmente sobre el sector productivo formal.

Aquí emerge un patrón preocupante: la mala gestión pública de sectores estratégicos genera choques económicos que no asume el Estado, sino la empresa privada. Primero, vía mayores costos operativos (como ocurrió con la electricidad); luego, vía mayor carga tributaria para cerrar brechas fiscales creadas por ineficiencias estatales. Desde la economía política, esto constituye un problema clásico de incentivos perversos y de ausencia de rendición de cuentas. El Estado administra sectores estratégicos sin enfrentar plenamente el costo de su mala gestión, mientras el sector privado, sin control sobre dichas decisiones, absorbe el impacto.

Este modelo tiene raíces políticas claras. La Constitución de Montecristi consagró la idea de que los sectores estratégicos deben estar bajo control estatal, bajo el supuesto de que ello garantizaría soberanía, eficiencia y redistribución. Pero la evidencia muestra que, sin instituciones sólidas y autonomía técnica, el control estatal no garantiza ni eficiencia económica ni sostenibilidad fiscal.

¿Puede el Ecuador seguir sosteniendo un modelo en el que sectores estratégicos mal gestionados por el Estado terminan siendo financiados indirectamente por la empresa privada? ¿Es momento de replantear seriamente el rol del sector privado, mediante concesiones, asociaciones público-privadas o esquemas de gestión mixta, en sectores estratégicos clave para el desarrollo y la estabilidad fiscal del país?

El debate es urgente y ya no puede postergarse. (O)