Diversos estudios indican que las pérdidas económicas para el país por los racionamientos son de $ 12 millones por cada hora transcurrida. Realicemos una proyección en la que el país ingresa a un régimen de tres horas al día sin energía, debido a las causas del estiaje. Mensualmente tendríamos 90 horas sin electricidad y, si multiplicamos ese valor por la pérdida de 12 millones, tendríamos un total de mil ochenta millones de dólares en un solo mes de apagones.

Comparemos este valor con la inversión que realiza el Gobierno nacional para cubrir el déficit de los 1.000 megavatios, para solventar la demanda nacional. Si sumamos los proyectos ya contratados, como el de la barcaza que generará 100 MW, la generación en tierra en el Salitral por cerca de 100 MW, en Quevedo por 50 MW y la generación móvil en Esmeraldas por 91 MW, tendremos un total de 341 megavatios que ingresarán a operar entre diciembre y enero del año entrante. El coste total de estos proyectos es de alrededor de $ 320 millones, es decir, cerca de un millón por megavatio que se entregará, fuera de los costes operativos y normales de operación. Asumiendo que la nueva contratación de los 700 megavatios restantes por parte del Gobierno tuviese costes similares, el total de inversión sería de $ 1.000 millones, lo equivalente a las pérdidas generadas en un mes de apagones de tres horas. Entonces, se puede notar que la decisión de la contratación es necesaria.

Porque si no se contratan, el país perdería inclusive un 600 % más de lo que costaría la inversión, es decir, $600.000 millones; además de que el dinero lo perdería directamente el comerciante, el sector industrial, el trabajador que sale a las calles a buscar el pan de cada día. Esto afectaría más a la economía del país que el valor que seguramente en impuestos nos toque pagar a cada ecuatoriano por los mil millones de inversión en el sector eléctrico. Por otro lado, se debe entender que el mercado de la generación eléctrica no es igual al mercado de vehículos, por ejemplo, en donde una persona se acerca a un concesionario y, si tiene los recursos, podría llevarse el auto de manera inmediata. Los motores de combustión interna (MCI) deben ser construidos o, en el mejor de los casos, ensamblados según las necesidades específicas del solicitante; y este proceso, en el mejor de los casos, toma un tiempo de al menos dos o tres meses.

El Ecuador no dispone de ese tiempo, y es por eso el esfuerzo de buscar motores en el mercado que estén listos y disponibles, cuidando de que no hayan sido usados, es decir, haciendo el símil con los vehículos, que sean cero kilómetros. Un MCI no varía de manera marcada en sus componentes en el transcurso de los años, o sea, en tecnología, solo un MCI del 2022 es muy similar a uno del 2024, considerando que estos deben durar más de 20 años. Lo que se debe cuidar es que sus auxiliares y sistemas de control y protección estén dentro de la fase de disponibilidad de la curva de obsolescencia. Bajo estos parámetros, deberían las distintas entidades de fiscalización realizar sus análisis según un criterio técnico y no mediático. (O)