Han surgido irracionales detractores de las actividades agropecuarias, a tal extremo que se ha pedido su exterminio, corriente focalizada en Europa occidental con mayor énfasis en los Países Bajos, donde el Estado estaría dispuesto a desprenderse de 1.470 millones de euros como compensación a los ganaderos que cierren sus haciendas en áreas de conservación de la naturaleza, acción que forma parte de la denominada política ambiental del Gobierno de Holanda extendida al cierre de explotaciones agrarias calificadas como contaminantes, decisión que impediría reabrirlas en cualquier otro país de la Unión Europea.

Estos desembolsos, que estarán vigentes hasta el 2028, han sido aprobados por los órganos administrativos de la Unión con la pretensión de reducir daños ambientales, están dirigidos a pequeños y medianos ganaderos (que son la mayoría) que se acojan voluntariamente al plan de disminución de residuos acumulados por alta fertilización nitrogenada convencional, según explican los proponentes. Sin embargo, no se tiene en cuenta la pérdida de empleos que generaría la desaparición de actividades productivas, ni observar las consecuencias del impacto a la seguridad alimentaria de la población al reducir la oferta de proteína animal.

Las ayudas directas se distribuirían en 500 millones para mitigación de las pérdidas a criadores de ganado lechero, porcino y avicultores, y 975 millones para solventar el costo del desmantelamiento de las instalaciones. Mientras tanto, en otros lugares del planeta se padece escasez de alimentos que rebasa el umbral de hambruna y desnutrición de millones de niños carentes de suministros lácteos. La paradoja vergonzosa del tremendo despropósito es que el presupuesto de la Unión se robustece con aranceles obtenidos en la exportación bananera latinoamericana.

Este plan sentaría un pésimo precedente y un mal ejemplo para otras naciones desarrolladas ajenas a las necesidades de pueblos paupérrimos, razones suficientes para que profesionales del agro europeo protesten firmemente por la criticada medida que si bien es cierto los campesinos serán indemnizados hasta con el 120 % del valor comercial de sus inversiones, con el pasar del tiempo ahondará el desempleo y el hambre. Lo ingrato del tema es que esas actitudes se transmitirán a las naciones latinoamericanas normas y regulaciones imposibles de cumplir para el comercio de bienes agrarios.

Resultan alarmantes las noticias de nuevas imposiciones restrictivas con motivo de la vigencia del llamado “Pacto Verde” y su mal entendida medida de la “granja a la mesa”, cuya aplicación representa elevación de costos hasta límites inaceptables que concluirán quitando rentabilidad a las agroexportaciones, sin observar el crecimiento ecuatoriano en el uso de fertilizantes nitrogenados orgánicos promovido por técnicos e inversionistas privados, sin indicios de daños a las plantas a las que por el contrario fortalecen.

Es posible lograr metas ecológicas sin menoscabar la producción de alimentos sin merma de ingresos a los agricultores, impacto al trabajo campesino y reducción peligrosa del PIB agrícola, sinónimo de pobreza rural. (O)