El problema de los salarios de oro de empresas estatales admite varias lecturas: todo trabajador quiere ganar lo que más pueda y los de las empresas del Estado no son la excepción. Sus derechos y garantías son constitucionales. Pero hay diferencias: la esencial es que los patronos del sector público no tienen fines de lucro, como los privados. Su finalidad es dar el mejor servicio al menor costo. El Estado es una persona jurídica y sus propietarios somos todos los ecuatorianos. Como toda organización, las empresas tienen sus representantes legales para administrarlas. Deben negociar con los trabajadores la remuneración y demás condiciones de sus contratos. Este es el meollo del asunto. Hay administradores que no quieren “hacerse problemas” con los sindicatos y ceden a sus pretensiones fácilmente. Así quedan como buenos directivos y mejores personas. Los trabajadores tienen sus armas de presión, entre las cuales está la huelga. A ningún directivo le conviene una huelga, peor una suspensión laboral en el sistema eléctrico: es uno de los más sensibles de los servicios. No pelean, no es plata de ellos. No tienen que defender intereses propios, no responden ante una junta de accionistas. Ceden. Los trabajadores usan su poder y obtienen enormes ventajas.

Pobres sentados en riqueza

Las empresas del sector público no dan cuenta a nadie de sus acciones y su situación financiera. Viven en la sombra y los dueños que somos los ciudadanos deberíamos conocer su situación. Hace falta transparencia, información. Unificar la dirección de todas en una sola persona fue un craso error. Tanto poder económico tienta. Es muy fácil caer en la corrupción si no se tiene la honradez a toda prueba.

En nuestro país solo las instituciones financieras y las compañías de seguros tienen la obligación de informar sus estados económicos, pero se les exige publicar tanta información que deben contratar varias páginas de minucias que nadie lee y muy pocos entienden. En el pasado, se publicaban solo el balance general y los estados de pérdidas y ganancias. Una página, letra legible, se entendía. La información cumplía su cometido.

Reconstruir

Los legisladores pueden obligar la transparencia de las empresas públicas. Saber si dan beneficios o pérdidas. Lo que gastan en salarios y en administrarlas correctamente. El pueblo debe saber la situación económica de Petroecuador, de la Comisión de Valores, y el Banco Central; de las empresas eléctricas, de todas las que venden servicios públicos. Las municipalidades con presupuestos anuales a más de tres millones de dólares, deben informar a sus vecinos cuánto reciben por impuestos y contribuciones y cuántos son sus gastos generales, incluyendo la información de los sueldos de más de dos mil dólares mensuales. Menciono cifras solo como ejemplo didáctico. Hace varios años se conoció de un pequeño municipio cuyo alcalde ganaba más que el presidente de la República. Se escudó en la autonomía municipal. Abusivo.

La falta de transparencia, la opacidad en las cuentas esconde los peculados y los delitos contra la administración pública. Es necesario que la luz de la información destape las cloacas, así nos sofoquen con su pestilencia. (O)