Lamentablemente lo más probable es que sí. El Inahmi pronostica un estiaje severo en la cuenca amazónica en 2024, semejante al del año pasado. En el último trimestre octubre-diciembre se podrán paliar los apagones con la reserva acumulada en los embalses de las hidroeléctricas, pero al inicio de 2025 la situación se torna incierta.
Según la Cenace, el déficit proyectado es de 1.080 MW, una potencia equivalente a la necesitada en abril durante el reciente ciclo de apagones que representa el 20 % de la demanda nacional. Para enfrentar la contingencia se está contratando de forma emergente un bloque de 450 MW de unidades termoeléctricas que serán distribuidas entre Guayaquil, Quevedo, Santa Elena y Esmeraldas. La idea es que estén operativas hasta noviembre, pero los plazos se vienen cortos.
La polémica contratación de la barcaza de la empresa turca Karpower (110 MW) resulta algo inevitable. Es una modalidad de generación costosa que se asocia con bullados casos en el país, tiempo atrás, y muchas otras partes del mundo. Pero desgraciadamente hemos llegado a un punto en el cual es preferible tener esa potencia adicional de generación a no tenerla. Y es un buen gesto que las autoridades hayan requerido la intervención de Contraloría a fin de revisar el proceso contractual correspondiente.
El ciudadano común no toma conciencia de la gravedad de la crisis energética. Es un correlato de la crisis de seguridad, con la diferencia de que no pone en riesgo la vida o significa derramar sangre. Es un dilema distinto que está frenando el crecimiento económico y el bienestar.
El estándar mundial es que el incremento de la demanda de energía está directamente relacionado con el crecimiento de la economía. Aunque en Ecuador el año pasado la primera aumentó 10 %, mientras que la segunda, apenas 1,2 %. El desfase estuvo dado por el calor en la Costa y la conexión de un puñado de camaroneras al Sistema Nacional Interconectado. En 2024 se proyecta otra vez un crecimiento de 10 %, pero no hay modo que la oferta satisfaga la demanda.
El modelo del Sistema Nacional de Electricidad sujeto a la regulación estatal desde la generación hasta la distribución y comercialización, con la aplicación de tarifarios igualmente regulados en los segmentos residencial, industrial y comercial, ha llegado a un punto de desplome. La falta de capacidad de inversión del Estado lo condenó a la disfuncionalidad.
Lo que cabe ante la crisis que se ha venido agravando de forma inercial, es dar paso a un nuevo régimen que facilite la inversión privada en todos los segmentos, incluida la transmisión, permitiendo una mayor flexibilidad entre la oferta y la demanda que permita proponer tarifas más competitivas al consumidor.
El esquema ya viene funcionando con las modalidades de autogeneración (de hasta 100 MW, principalmente hidroeléctricos), de generación distribuida (iniciativa privada de proyectos no contemplados en el Plan Maestro de Electrificación) y de autoconsumo (de apenas 2 MW de energías no renovables no convencionales, ERNC, que debería ampliarse a 5 MW). El problema es que se lo ha mantenido refrenado por los intereses monopólicos de Celec y CNEL. (O)
