El presidente Guillermo Lasso activó, de manera constitucional, la denominada muerte cruzada, es decir, la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria a elecciones para el tiempo que queda del actual periodo presidencial (hasta mayo 2025).

La Constitución hiperpresidencialista de Montecristi, elaborada a la medida y gusto del entonces presidente Correa, solo impone dos restricciones a la facultad presidencial de invocar la muerte cruzada: debe efectuarse en los primeros tres años del gobierno y solo puede efectuarse una vez (en un periodo presidencial). Dos de las tres causales no requieren la aprobación previa de la Corte Constitucional.

Riesgo país será alto hasta “por varios años”, tras muerte cruzada y procesos electorales

El mayor partido de oposición, el correísmo (Revolución Ciudadana), había venido presionando desde hace algunas semanas por el uso de este mecanismo, llegando a publicar un comunicado. No obstante, una vez producido, algunos de sus voceros han dicho (erróneamente) que la decisión fue “ilegal” o “inconstitucional”. Pero, al parecer, su vocero más autorizado, el expandillero y exasambleísta Ronny Aleaga, sentenció que dicho movimiento está de acuerdo con la medida y que competirá en las elecciones.

La convocatoria a elecciones debe efectuarse dentro de siete días desde el decreto de disolución, y las elecciones tendrán lugar dentro de tres meses. Si alguien gana en primera vuelta, se podría posesionar dentro de cuatro meses; de ser necesaria una segunda vuelta electoral (lo más probable), ocurriría dentro de seis meses.

¿Cuál es el efecto de la muerte cruzada para mí como ciudadano?: esto dicen nuestros columnistas

Hasta tanto, el presidente puede gobernar mediante decretos leyes de urgencia económica (que deberán ser validados por la Corte Constitucional). Ya ha emitido el primero, una reforma tributaria que deshace en alguna medida la reforma tributaria progresiva que fue aprobada en noviembre de 2021 (la única reforma legal significativa aprobada en su mandato). También reducirá los ingresos fiscales en circunstancias en que ha bajado el precio internacional del petróleo y comenzará a aumentar el servicio de la deuda externa.

La muerte cruzada permite que se dé una salida democrática a la grave crisis institucional que vive el país.

Se ha mencionado la posibilidad de presentar otros decretos leyes, por ejemplo, en materia de reforma laboral y de zonas francas. Es posible que la Corte Constitucional eche abajo algunas medidas si considera que vulneran derechos constitucionales adquiridos. La nueva Asamblea que será electa puede dejar sin efecto cualquier reforma aprobada durante este periodo de transición.

La muerte cruzada permite que se dé una salida democrática a la grave crisis institucional que vive el país. Al abrir un nuevo proceso electoral se disipan ciertas tensiones y amenazas de movilizaciones y paros, dado que las fuerzas políticas y sociales se enfocarán en la competencia electoral.

No obstante, el periodo también genera incertidumbre y puede poner en pausa las inversiones del sector privado (nacional y extranjero) hasta que se defina quién será el próximo presidente. Si gana un candidato que no sea “amigable al mercado”, podría seguir aumentando el riesgo país y limitando el acceso al financiamiento externo (FMI y bancos multilaterales), en circunstancias en que el servicio de la deuda aumentará. (O)