Mucho se ha dicho que el fondo de pensiones por vejez está actuarialmente quebrado porque los nuevos aportantes ya no alcanzan a financiar las pensiones de los nuevos jubilados, pero nadie habla de cómo está distribuido el problema en términos territoriales ni sectoriales.

El COVID-19 produjo un cruel alivio para el fondo, pues mató a miles en edad jubilar, pero su impacto no fue por igual. La centralización de la gestión y hasta de las pruebas de diagnóstico hizo que la guadaña dejara más deudos en las provincias de menor infraestructura de salud pública per cápita.

A enero de 2024, los jubilados por vejez fueron 502.223 y recibieron un total de $ 361,5 millones. En algunas provincias el promedio supera los mil mensuales por jubilado; en otras es 650; en Guayas es 698.

Ecuador es uno solo, pero la cobertura de la jubilación marca realidades muy distintas. De los 502.000 jubilados, 182.000 son de Pichincha, 117.000 de Guayas, 28.000 de Manabí, 30.000 de Azuay. Los Ríos, teniendo más población que Azuay, apenas tiene 10.000, la tercera parte. Cuando comparamos a los jubilados con las personas de 65 años o más de cada provincia, resulta que en Pichincha el 61 % está jubilado, frente a 26 % en el resto del país, 2,35 veces más. Le sigue Galápagos con 50 % (caso especial por su tamaño), Azuay con 36% y Pastaza con 33 %. En el otro extremo, hay provincias como Santa Elena con apenas 1 jubilado por cada 6 personas de la tercera edad, y Los Ríos con 1 por cada 8. En Guayas apenas el 32 % de la tercera edad está jubilado, y sería un 4 % peor sin pandemia de COVID-19.

Entre civiles y fuerzas del orden las diferencias son similares, pues los civiles deben aportar por 30 y más años y esperar tener 60 y más de edad, mientras policías y militares se jubilan con menos aportaciones y pueden recibir pensiones mayores a los topes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Se podría argumentar que la mayor proporción de jubilados en Pichincha obedece a una mayor vocación por la formalidad y que los aportes al fondo fueron sufragados por los ahora jubilados; pero eso es una verdad a medias, puesto que allá está la burocracia central y, a fin de cuentas, tanto el aporte del patrono Estado como del empleado se hacen con dinero público, en cargos que muchas veces no son necesarios, sino políticos.

Pero hay más, y es que, aunque el Gobierno central pueda con la mano derecha transferir esos aportes a la cuenta del IESS, ese mismo patrono con la mano izquierda se lleva de regreso esas y otras aportaciones más a la cuenta única, para en parte dilapidarlas en gasto corriente y corrupción, acumulando miles de millones en deuda que en la práctica no puede pagar.

Entonces, la anunciada quiebra del fondo de pensiones por vejez no es solamente un tema actuarial o financiero; es también un tema de enorme desigualdad entre ecuatorianos y, por ende, un atentado contra la democracia. Salvar de la quiebra al fondo jubilar es, actualmente, un esfuerzo de todos, sí; pero para beneficio de unos más que otros. (O)