Creo que es hora de que haya un debate nacional sobre la inversión extranjera directa en el Ecuador, ya que existen, por un lado, persistentes esfuerzos por lograr que capitales extranjeros ingresen al Ecuador para generar mejores condiciones de vida; y, por el otro, una estructura legal y una conducta que lo impiden.

Todos estamos conscientes de la necesidad de recursos extranjeros, más aún al ser una economía dolarizada que carece de capitales para generar empleo (4,7 millones de ecuatorianos son considerados económicamente inactivos), a la par de un déficit gigantesco y el pago de una deuda interna y externa que no se puede cubrir solamente con la reducción de subsidios y otras medidas impositivas que solamente agravan la pobreza de los más vulnerables. El Ecuador gasta más en pago de deuda que en educación y salud, lo que se palpa a todos los niveles.

Importando derecho

Analistas de todas las tendencias han tratado de encontrar soluciones a la incapacidad de un país rico en recursos humanos, pero que se impone límites a su prosperidad y, por ende, a su futuro. Hay en esto una disonancia cognoscitiva monumental, ya que sabemos que necesitamos capitales, pero nuestras actitudes y comportamientos dicen todo lo contrario.

Con una pobreza aberrante, que en el 2024 aumentó al 28 % a nivel nacional y que raya en el 48 % en el sector rural, el país debe tener estrategias coherentes y coordinadas para atraer recursos extranjeros de manera sostenida.

El año 2024 ha sido un desastre para el país en lo que respecta a inversión extranjera, ya que solamente han venido 232 millones de dólares, que según el Banco Central es la cifra más baja en 14 años. Todos sabemos que, en los países vecinos, en el 2024, llegó mucho más: a Colombia ingresaron 14.234 millones, y a Perú, 9.414 millones. ¿Qué nos pasa? Es muy sencillo: el Ecuador ha hecho todo lo imaginable para impedir el ingreso de capitales de inversión extranjera.

El inversionista extranjero arriesga sus capitales si tiene seguridad jurídica, y el pueblo ecuatoriano ha manifestado en diversas ocasiones que no acepta tratados de protección recíproca de inversiones, tratados de comercio que tengan capítulos de protección de inversiones ni arbitrajes internacionales; es decir, tiene una conducta contraria a la inversión foránea. Tampoco hay que dejar de lado ciertas políticas y malas decisiones gubernamentales y los intereses que impiden el ingreso de empresas extranjeras que hagan competencia a emporios locales.

Podemos recorrer el mundo demostrando las bondades de proyectos de todo tipo, pero no lograremos pasar del umbral de la sala de sesiones donde están congregados inversionistas estatales y privados si no brindamos de lo que más carecemos, que es seguridad jurídica.

Hoy, el Ecuador debe concentrar sus esfuerzos en superar las barreras que impiden el desarrollo y las herramientas para combatir al narcotráfico. Hoy, la inversión extranjera es un tema de seguridad nacional, ya que no lograremos salir del desangre de nuestras calles solo con el uso de la fuerza, sino con un auténtico desarrollo humano. (O)