El proyecto urgente que el presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional adquirió para el primer debate una cláusula que alarma a los expertos monetarios: la deuda del Gobierno al Banco Central ya no se pagaría a su vencimiento, sino dentro de 30 años en condiciones indefinidas, o sea, nunca. El proyecto marcha raudo. Quizá para cuando salga este artículo, ya el texto sea otro.

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Cuando teníamos moneda propia, el Gobierno le colocaba papeles al Banco Central y gastaba sin freno. Las consecuencias eran inflación y devaluación. Es lo que vive la Argentina hoy y nosotros hasta 1999. Dolarizamos para cortar de cuajo esta práctica. Rafael Correa, enemigo de la dolarización, no vaciló en hacer lo que la dolarización impedía. Le enchufó papeles al Banco Central y contra ello el Central le emitió ecuadólares y se los acreditó en la Cuenta del Tesoro. Como se inflaron artificialmente los dólares en circulación, el Gobierno restringió los pagos al exterior: importaciones, dólares de los viajeros, el ISD, etc. Por lo que el incremento de los dólares en la economía devino en inflación, y como no hay devaluación, el Ecuador se volvió un país caro, lo que disuade la implantación de negocios excepto servicios y en los que hay ventajas comparativas como agroexportación, petróleo y minas. Esa es una causa importante de la falta de empleo.

(...) tiene buenos motivos, pero la medida propuesta es excesiva. Basta con ampliar el plazo de pago...

En el acuerdo de Lenín Moreno con el FMI para salir de la crisis, Ecuador se comprometió a tornar ilegal el crédito del BCE al sector público y a retirar esos ecuadólares. La Ley de Defensa de la Dolarización se aprobó en abril de 2021. Hay un cronograma para que el fisco le pague al Banco Central los dólares que le sacó por la “venta” de los bancos públicos, y hay el compromiso de pagar a su vencimiento hasta 2035 los papeles que le entregó al Central. Guillermo Lasso cumplió y en su mandato pagó $ 2.200 millones al Central, Al gobierno de Noboa le toca pagar $ 2.000 millones.

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Noboa en su campaña anunció que emitiría $ 1.500 millones (se dice “tomar de la reserva”, pero técnicamente es como explico arriba), lo que traería consecuencias como las de la época del correato. Luego aclaró que se trataba de la “opción Z”. Ninguna opción de la A a la X le satisfizo y optó por la que consta en el proyecto de ley: la opción Y, vecina puerta a puerta de la Z.

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La crítica es que con esto se incumple con el retorno a la estabilidad monetaria y nos cierra las puertas a la ayuda de las instituciones financieras internacionales para superar la crisis actual. Lo cual es cierto. Pero también es cierto que luego que firmáramos con el FMI vino el COVID-19 y las cuarentenas, el alza estratosférica de las tasas de interés encareciendo la deuda, el aumento salarial al magisterio por $ 500 millones sin financiamiento que ordenó la Corte Constitucional, los obstáculos que puso la Corte a todo proyecto de inversión lo que secó el ingreso de capitales al país y el compromiso de cerrar el ITT, único campo petrolero en expansión.

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En fin, Noboa tiene buenos motivos, pero la medida propuesta es excesiva. Basta con ampliar el plazo de pago de los papeles en unos cinco años e incluir dos de gracia en capital e intereses. Con eso obvia tener que pagar en su periodo los $ 2.000 millones que le tocan, pero no incumple el principio de que los ecuadólares tienen que ser retirados. (O)