En 1992 Colombia experimentó una crisis de apagones de 8 horas durante 10 meses. En consecuencia, tres décadas después su sistema nacional de electricidad es básicamente privado. Todos los días se transa la generación y distribución de energía en una bolsa de valores que se regula según la oferta y demanda. Lo explicó el ministro de Energía y Minas (e), Roberto Luque, manifestando que es un mercado spot donde no se compra por contrato.
En 2004 los colombianos dieron un paso trascendental al abrir el capital de Ecopetrol, la empresa petrolera estatal, a la participación de inversionistas privados. Con una oferta limitada al 11,5 % de su accionariado, ha permitido que dicha corporación tenga una gestión profesional sujeta a rendición de cuentas ante 250.000 inversores. Sin duda, contrasta con Petroecuador, que en dos años ha tenido nueve gerentes generales que duraron en el cargo entre 10 días y 5 meses.
Tomando este ejemplo, Ecuador debe emprender una profunda reforma de su sector energético, tanto el eléctrico como el petrolero. Los apagones han puesto al descubierto el colapso del primero, aunque en el segundo viene sucediendo lo mismo sin mayor bulla. Comparten el mismo modelo estatista y burocrático que ha fracasado, a pesar de que, desde la aprobación de la Ley de Alianzas Público -Privadas, APP, en 2015, ha habido tímidos intentos de reformas promercado cuyo resultado ha sido nulo.
El más reciente fiasco fue la Ley de Eficiencia Energética, mal llamada ley antiapagones, sancionada a inicios de año, un proyecto preparado desde y para la burocracia que simuló un cambio para dejarlo todo más o menos igual. Ahora toca reformar a fondo la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica (Lospee), a fin de flexibilizar el régimen de autogeneración privada, crear figuras para potenciar la inversión en redes de transmisión y distribución, establecer plazos perentorios para las aprobaciones que corresponden a las entidades del sector público y fortalecer los mecanismos que faciliten la bancarización de los proyectos urgentes.
El fracaso de Termo-Machala, que fue concebido como un mismo proyecto con la explotación del campo Amistad, que finalmente no ha producido suficiente combustible para aprovechar 170 MW que están parados, ha conducido a debatir un nuevo Reglamento de Comercialización de Gas Natural. Toca partir de cero, al no existir las facilidades portuarias de descarga, al igual que de almacenamiento en isotanques y transporte por gasoductos, etc. El concepto fundamental es crear un mercado para este derivado, independientemente de que sea de producción nacional o importado. Ambas soluciones son de mediano plazo. Es curioso, pero Petroecuador aprobó un Reglamento de Asociatividad en 2016 que, hasta donde se sabe, jamás ha sido aplicado por su laberinto de permisos y autorizaciones. Ahora, Celec se propone desempolvar el suyo para que no sea letra muerta; enhorabuena si es así.
Para un Gobierno de transición, al que le queda un año, el desafío es no seguir perdiendo tiempo y dar paso a un proceso de reforma energética para acabar con la actual parálisis burocrático-estatista. Lo sucedido en Colombia puede ser una buena pauta. (O)
