Los enredos y la confrontación política no cesan. Al contrario, aumentan, en un año en el que pronto se profundizarán con el inicio del proceso electoral con miras a los comicios presidenciales y legislativos de febrero del 2025, y con ello más espacio para la demagogia.
La mayoría de los políticos y asambleístas no quiere comprender la realidad que vive el país y camina con miopía en medio del juego de intereses de grupo, partido o personales, sin importarles las secuelas de la crisis económica, social, de desempleo y, lo más grave, la inseguridad que viven los ciudadanos.
Todo esto en medio del conflicto armado interno. Conflicto prolongado, pero de mediana y baja intensidad. No se ha llegado aún a la alta intensidad. Va para largo y tiene sus picos hacia arriba, aunque bajen a momentos en unos territorios. Cuando el Estado se hace presente con mayor fuerza, bajan los niveles de violencia temporalmente, pero migran a otros territorios, lo que expertos califican como el efecto globo. Así ocurrió en Esmeraldas, en donde FF. AA. mantienen el control, pero hoy el problema está concentrado en Manabí.
La ruptura del acuerdo legislativo deja sus secuelas. Se lograron aprobar proyectos económicos urgentes que presentara el Ejecutivo, pero la entrega de la conducción y control de comisiones legislativas clave (de Fiscalización, de Justicia y Estructura del Estado, entre otras) fue peor porque los resultados se evidenciaron posteriormente y es una pesadilla para el resto del periodo legislativo.
El saldo negativo ha sido evidente hasta ahora: un proyecto de reformas penales peligroso, que malogró otros cambios y que fuera puesto al descubierto con la pretensión de consagrar la impunidad y meter mano a las indagaciones que realiza reservadamente la Fiscalía.
El Ejecutivo debió vetar totalmente otro proyecto, de reformas al Código de la Función Judicial, que aunque haya habido temas rescatables pretendió también consagrar la intención de otorgar licencia sin sueldo a los vocales del Consejo de la Judicatura que sean procesados judicialmente e ir a la cárcel o a arresto domiciliario. Tamaña audacia.
La Asamblea logró aprobar recientemente una enmienda constitucional que reduce el número de votos para que se ratifiquen en un texto vetado parcialmente por el Ejecutivo. Se necesitaba mayoría calificada (92 votos). Con el cambio, la ratificación será solo con mayoría de 70 votos, con la actual conformación legislativa, lo cual le obliga al presidente a imponer veto total, que impide analizar el proyecto un año.
Así se vio obligado la última semana con las recientes reformas a varias leyes orgánicas que disponían la asignación directa y oportuna desde el Banco Central de recursos de los ingresos permanentes y no permanentes para los Gobiernos locales y provinciales, aunque no existan los fondos para ello.
A esto se suman las ambiciones personales demostradas por la segunda mandataria, que genera desconfianza y que se ha enredado en sus propias palabras, con total desconocimiento del ordenamiento jurídico.
Otra vez se vuelven a plantear problemas de gobernabilidad por las ambiciones políticas que se evidencian, incluso confrontados entre los mismos aliados hasta hace poco. (O)
