Mientras el país se debate en medio de violencia e inseguridad, existen instituciones que en lugar de contribuir con claridad al enfrentamiento de estos males, siguen haciendo barbaridades y juego a la impunidad y a grupos delincuenciales que atentan contra la institucionalidad.
Lo ocurrido la semana pasada en la Asamblea con la cuestionable reforma al Código de la Función Judicial es un reflejo de lo que pretenden insistentemente hacer y si pasa, pasa. Con 92 votos a favor (increíble y vergonzoso, mezclada la gran mayoría de bloques) la Legislatura aprobó reformas que pretenden beneficiar directamente a vocales del órgano administrativo y disciplinario del Consejo de la Judicatura. Por unos textos inadmisibles se puede echar al traste cambios que pudieran ser positivos, como sucediera meses atrás con la audaz reforma penal que pretendieron aprobar.
Entre ellas, el artículo 23 que agrega como último inciso del artículo 258 lo siguiente: en caso de ausencia temporal que se deba al cumplimiento de prisión preventiva o arresto domiciliario dispuestos por un juez o jueza competente, la o el vocal podrá solicitar acogerse al régimen de licencia sin sueldo por el tiempo máximo establecido en este Código. Mientras dure la prisión preventiva o el arresto domiciliario, el pleno del Consejo de la Judicatura suspenderá todas las funciones que le asisten como miembro del cuerpo colegiado, del vocal principal, con excepción del fuero y procederá a la principalización provisional del vocal suplente o alterno.
Destacados juristas y hasta una vocal principal del Consejo de la Judicatura salieron a cuestionar duramente la nueva barbaridad que aprobaron y que generara repudio porque alimenta y protege el sentido de impunidad entre aquellos que buscan abusar de su posición en el Consejo de la Judicatura, cuando en el pasado reciente vocales cometieron arbitrariedades, que les tienen a dos en la cárcel y otros procesados penalmente.
No se trata de transgredir los principios constitucionales y principios del Derecho. Reconocidos constitucionalistas recuerdan que debe legislarse de manera general y no con dedicatoria para la excepción; para todos y no para los vocales del CJ y peor a favor de bandas y bandidos y si quieren reformen la LOSEP y el Código del Trabajo.
Resulta inadmisible y desafiante que mientras el país reclama del Estado en su conjunto, no solo la actuación de FF. AA. y Policía, que trabajen al unísono en el mismo sentido y complementen sus tareas, sea la Asamblea la que continúe con una agenda que entre líneas, como si los ecuatorianos fuesen tontos y no se darían cuenta, pretende a cómo dé lugar favorecer a la impunidad. Los textos lo evidencian.
Frente a tamaña audacia, el presidente ya adelantó su opinión y advirtió que impondrá un veto total a esa pretensión contenida en aquel proyecto de reformas. No es posible que mientras se vive un conflicto armado interno, que es permanente, tenga que declarar periódicamente estado de excepción por 60 días, con la posibilidad de extensión de 30 días más, y que el resto de instituciones no acompañe en esta lucha, que no es de una administración de turno sino del país porque está en juego su sobrevivencia. (O)
