Las dos materias merecen ser tratadas, y por separado, por supuesto.
Lo del nombramiento de la fiscal Diana Salazar como embajadora ante el Gobierno de Argentina ha producido una enorme decepción en muchos, no por la designación en sí misma, sino porque en los considerandos del decreto respectivo consta que el beneplácito argentino había sido concedido en enero del año pasado, es decir, en 2024, y que, por tanto, prácticamente durante casi todo el gobierno del presidente Daniel Noboa ya no era una fiscal independiente de la Función Ejecutiva; como se dice en derecho: “A confesión de parte, relevo de prueba”. Se diría que fue por falta de confianza recíproca, que la fiscal obtuvo, o le ofrecieron, la embajada, con tanta anticipación. Como la Fiscalía General del Estado, en el último tiempo de su gestión, no ha formulado acusación alguna en contra de los dos gobernantes anteriores, incluyendo el que la designó, y, por el contrario, ha declarado formalmente que no ha encontrado pruebas para una acusación en casos que han escandalizado a la opinión pública, ya se duda de su imparcialidad; consecuentemente, ya no hay certeza de cuáles acusaciones y cuáles abstenciones de hacerlo fueron hechas estrictamente en derecho, sin motivación política o interés personal. Ocurre con los jueces lo que Shakespeare dijo: “Que la mujer del César no solamente tiene que parecer, sino ser honesta”.
La actitud de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, durante su concurrencia a la posesión del presidente Daniel Noboa debe ser cuidadosa, fríamente, analizada, porque tiene directa relación con la invasión de la Policía ecuatoriana a la embajada de México en Quito para apresar al exvicepresidente Jorge Glas, quien estaba bajo la protección de esa embajada. El presidente Petro recalcó que Glas es un preso político, lo que, parecería, fue propósito principal de su visita. ¿Cómo debería proceder Ecuador? Puede ignorarlo o tomar la actitud del presidente colombiano como una insinuación para actuar como mediador entre Ecuador y México y obtener una reconciliación entre ellos. Él es viejo amigo de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Para decidir, el Ecuador debe tener presente que, en cualquier momento, la Corte Internacional de Justicia puede dictar sentencia sobre la demanda de México a Ecuador, y, también, sobre la contrademanda ecuatoriana, a menos que la Corte decida unificar las demandas. Llegar al punto de sentencia de la Corte debería evitarse. Si no se llega a una suerte de transacción, creo que las posibilidades de Ecuador de que la Corte justifique la violación del local de la embajada mexicana, garantizada por la Convención de Viena, son remotas, tal vez nulas. Además, la OEA (Organización de Estados Americanos), con la sola excepción de la abstención de El Salvador, condenó a Ecuador, como lo hicieron, luego, la Unión Europea y la misma ONU (las Naciones Unidas). Una condena de la Corte puede incluir indemnizaciones.
¿Quién pierde más? Al no suscribir un tratado de libre comercio con nosotros, México veta el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Todo esto contribuye al aislamiento internacional de nuestro país. (O)
