Por la supuesta falta de petróleo en la Amazonía, el expresidente Galo Plaza declaró en 1948: “El Oriente es un mito”. Se había constatado su presencia y posteriormente se lo explotó como sabemos, pero Plaza debía cumplir los planes de las grandes compañías petroleras de mantener de reserva el crudo para evitar su superproducción y que no baje el precio, entre otros fines.

Sin embargo, el Oriente, al cabo del tiempo, pese a albergar una gran riqueza petrolera, sí ha significado un mito para sus pobladores, porque carecen de un nivel de vida digno: más del 70 % de ellos no cubre la canasta básica, la pobreza por ingresos supera el 50 %, menos del 10 % asiste a la universidad -en Morona Santiago apenas el 3,2 %- y en Napo, devastada por la minería ilegal, los índices superan el 82 % de déficit de la canasta básica, el 74,8 % de pobreza, el 89,7 % de desempleo.

Y también es un mito para los habitantes de las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza, que sufren desde hace 60 años en su salud y cultivos la quema de gas en mecheros que realiza la industria petrolera. Han contraído cáncer en la piel y muerto; han sido bombardeadas de petróleo sus casas; las hojas de sus plantas de yuca, papa, se ennegrecen por el humo; los niños regresan de la escuela manchados; se calcinan las aves e insectos; se afecta el sistema nervioso y se producen malformaciones en los peces; la lluvia que debe ser de vida es ácida. Hay muerte por doquier. Los explotadores alegan que no se puede extraer el producto sin usar mecheros, mas, se los ha desmentido indicando que en países como Noruega y Nigeria sí es posible. Al parecer es más barato quemar el gas, no son los dueños, administradores y técnicos de esas industrias las víctimas. Así ocurrió con la corporación Texaco, que durante décadas explotó petróleo en la Amazonía, botando aguas en formación a los ríos, quemando gas. Chevron, su sucesora, goza de impunidad porque ha conseguido con arbitrajes foráneos amañados anular la sentencia de los jueces nacionales que la condenó a pagar una indemnización a 30.000 habitantes amazónicos y a otras reparaciones. A pesar de que desde hace años se demostró el daño de los mecheros y que el Estado se comprometió a reducir la quema, se les permite a las compañías que lo hagan sin control y las entidades estatales impúdicamente alegan que pueden ser demandadas si no respetan tal compromiso.

En el 2020, nueve niñas amazónicas demandaron a Petroecuador para que apague 447 mecheros, el 29 de julio de 2021 la justicia les dio la razón y declaró que el Estado desconoció su derecho a vivir en un ambiente sano, violando su derecho a la salud al no promoverse el uso de tecnologías ambientalmente limpias y energías no contaminantes. Ordenó eliminar gradualmente los mecheros, concediendo un plazo de 18 meses para retirar los más cercanos a centros poblados y los demás hasta diciembre de 2030, autorizando a instalar mecheros cuando se presente nueva tecnología que reduzca la contaminación. Dispuso que se evalúe la calidad de agua que use la población.

La sentencia no ha sido cumplida por el Estado según se ha evidenciado en el proceso y lo han denunciado los pobladores, abogados y sacerdotes que apoyan la causa, quienes sostienen que, a casi tres años de la resolución, no solo que no se han apagado los mecheros, sino que han aumentado a 486, emitiendo gases tóxicos a escasos metros de las viviendas, lo que se ha comprobado públicamente; que de los 140 lugares donde había las antorchas nocivas, hay ahora hay 20, pero que son megamecheros, es decir un ominoso engaño; que han aumentado las personas con cáncer, 500, de las cuales murieron el 51 % y el Gobierno afirma que son apenas 6 en Sucumbíos y 7 en Orellana y que no existe ningún centro oncológico, ni especialistas. ¡Un desprecio a su vida!

El abogado Pablo Fajardo manifestó que la quema de los mecheros le cuesta al país más de $ 1.300 millones al año, que se puede utilizar el gas para otros fines. El Estado gasta más de $ 7.000 millones importando combustibles. Dijo que tres licitaciones se convocaron para aprovechar el gas y que la última se declaró desierta con pretextos, habiendo un interesado que ofreció invertir $ 746′800.000. Agregó que los importadores de gas y los empresarios del transporte de combustible se benefician de dicha práctica.

Deben activarse los mecanismos legales para sancionar el incumplimiento del fallo. Y la nación apoyar la justa causa de las niñas y de muchos más. (O)