Las diversas administraciones gubernamentales han manejado tan mal el sector eléctrico que hoy estamos pagando las consecuencias, en momentos que el planeta vive la crisis climática y la consecuente sequía que no tiene precedentes.
Todos los gobiernos que se han sucedido, sin distingo, al menos durante las tres últimas décadas, tienen su responsabilidad pero hay que establecer la dimensión de cada uno. Una cosa es gobernar un año, dos años y medio o cuatro años que haber permanecido en el poder diez años, como sucediera con la administración de la revolución ciudadana.
El mayor problema ha sido la falta de una política de Estado que dé continuidad a los planes en las diversas administraciones, en lugar de promocionar con demagogia la refundación del país cada vez que se inicia un periodo de gobierno.
Al contrario, emprendieron procesos regresivos en lugar de impulsar una matriz energética equilibrada, con un riguroso mantenimiento de las obras de infraestructura y las centrales hidroeléctricas. No destinaron ni patrocinaron una inversión suficiente, con la activa participación del sector privado porque el Estado tiene limitaciones, y no se preocuparon -gobiernos y la Asamblea- de contar con un marco legal actualizado sino que permitieron que siguiera obsoleto hasta llegar a estos momentos de crisis.
El país ha ido en contra vía si se compara con países vecinos como Colombia, que dejó de tener cortes de energía desde 1992, hace 32 años, a pesar de vivir los mismos problemas de Ecuador, pero con políticas sólidas y fundamentalmente por abrir espacios amplios y sin limitaciones a la inversión privada, que ha actuado de forma complementaria al Estado, como testimoniara el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Colombia.
En Colombia aprobaron la Constitución de 1991 y un nuevo marco jurídico que sentó las bases para afrontar y garantizar la generación de energía eléctrica, que depende hoy del 69 % de centrales hidroeléctricas, el 29 % de las centrales térmicas y el 2 % de energía solar. Abrieron a la participación privada, que aporta para evitar cuando se produce una crisis como hoy con la nueva sequía.
Ecuador en lugar de avanzar fue para atrás. En el 2008, gobierno de la revolución ciudadana, se expidió el nefasto mandato constituyente 15. El país contaba con un mercado mayorista y coexistían generadoras públicas y privadas. Con ese mandato se dispuso que se fije una tarifa única por tipo de consumo y que el Ministerio de Finanzas cubra mensualmente las diferencias entre los costos de generación, distribución, transmisión y la tarifa única fijada para el consumidor y que recursos que se requieran para cubrir las inversiones en generación, transmisión y distribución serán cubiertos por el Estado.
Demagogia pura para que el papá Estado cubra todo, incluso con subsisidios indiscriminados. A los pobres sí se justifica pero no a quienes sí podían pagar otras tarifas. La participación privada fue soslayada y, como era previsible, el parque térmico en manos de la ineficiencia del sector público quedó obsoleto. Fueron condescendientes y permitieron el fortalecimiento de los sindicatos de trabajadores del sector eléctrico, que lograron contratos colectivos leoninos, e implementaron políticas que hoy el país está sufriendo. (O)
