La reforma energética es uno de los mayores desafíos que afronta el nuevo Gobierno. Puede ser la clave para conducir al país a un crecimiento económico sostenido. No es casual que el tema predominante durante la gira presidencial por Europa y Medio Oriente haya sido la inversión en Oil & Gas.
La situación actual tiende a ser crítica, aunque muchos no lo adviertan por tantas distracciones. La producción petrolera tiende a disminuir en un escenario de precios bajos que perjudica la proyección de los ingresos fiscales. Por otro lado, no hay certidumbre de lo que pueda ocurrir en el próximo estiaje ante un eventual déficit de generación eléctrica. En cualquier caso, el objetivo es desarticular el modelo estatista que ha fracasado para dar lugar a uno renovado que permita actuar a las fuerzas del mercado sin el omnipresente paternalismo del ogro burocrático.
El mayor reto de la industria hidrocarburífera es aumentar la producción a la vez que impulsar la actividad exploratoria inexistente desde hace 25 años. Resulta motivante que Petroecuador haya contratado cinco taladros para perforar sus campos, aunque lo haga con un año de retraso. Debería disponer de una veintena en los bloques a su cargo para proponerse levantar dicha producción, que en 2024 cayó 7,5 %. Tanto la empresa estatal como el Ministerio de Energía y Minas mantienen 16 renovaciones de contratos pendientes que pueden marcar la diferencia. Esto sin referencia a la serie de grandes proyectos que llevan una década en compás de espera.
Ecuador –y sus actores políticos en primer lugar– debe reflexionar sobre la incidencia del factor reputacional que lo viene afectando. El sistema como tal –el apparatchik dirían los comunistas– conspira con sus inagotables tiempos contra el legítimo interés de emprender en un escenario de frágil seguridad jurídica. Así como hay muchos corporativos que han abandonado el país, otros se encuentran de brazos cruzados ante la multiplicidad de obstáculos que afrontan.
La relación con las comunidades en los campos petroleros tiende a ser conflictiva por la falta de la presencia del Estado en territorio. El dinero que se recauda por ley de dos dólares por barril, 12 % de utilidades de las empresas concesionarias u operadoras, 2,5 % y 4% de las facturas que cancela Petroecuador a las prestadoras de bienes y servicios, según sean nacionales o extranjeras, jamás llega completo y oportunamente para satisfacer necesidades básicas de la población. Sin mencionar el vía crucis que representan los procesos de consulta o licenciamiento ambiental, cuya legislación aplicable resulta ambigua e imprecisa.
En materia de generación eléctrica, no hay cómo estar tan tranquilos. Las lluvias estacionales aliviaron la crisis de los apagones, aunque aún se mantiene latente. Cenace confirma que se necesitan pronto 430 MW de energía en firme, pero los proyectos de 241 MW del Salitral, Quevedo y Esmeraldas, que debieron terminarse a fines del año pasado o en enero, siguen sin fecha efectiva de operación. Y respecto a la decena de proyectos de energías renovables concesionados, el único en fase de construcción es Villonaco III. Más energía es un llamado de aviso para un cambio de rumbo que demanda de decisiones urgentes. (O)
