La Casa Hogar General Alberto Enríquez Gallo, ubicada en el sur de Quito, enfrenta un estado crítico que no sorprende porque no hay nada en Ecuador que no necesite que el Gobierno trabaje en lugar de hacer campaña. Harold Burbano, el flamante ministro de Inclusión Económica y Social, sale abrazando a gente pobre en El Guabo tras entregarles unas prendas de vestir que habrán costado menos que su desplazamiento hasta la provincia de El Oro. En X, escribe orgulloso que el suyo es un “equipo que escucha y resuelve” porque va a dejar una silla de ruedas en algún lugar de este gran país a donde podía haber llegado el aparato de la mano de un funcionario local.
Mientras tanto, hay 21 niños, niñas y adolescentes en la Enríquez Gallo que están enfrentando abusos que ya han sido denunciados públicamente y que no tienen señales de haber sido abordados por el MIES. Burbano era viceministro antes de estrenarse hace pocos días como influencer del Gobierno; parece que tampoco vio ni escuchó nada en ese entonces. Ahora tiene la oportunidad de redimirse y actuar de urgencia donde en este momento más se lo necesita.
Los chicos que están acogidos en la Enríquez Gallo están viviendo una situación extrema, como cuenta la periodista Mariela Rosero en La Periódica. Les obligan a estar en el patio, haga el clima que haga; no tienen uniformes para ir a la escuela ni dinero para el transporte; no pueden hacer preguntas ni quejarse. Tampoco confían en la psicóloga o la trabajadora social y, habiendo sufrido abandono o negligencia, y maltrato psicológico y emocional antes de llegar allá, lo necesitan más que cualquiera.
Algunos de ellos no tienen un solo familiar que les visite y, quienes los tienen, son castigados con el impedimento de que lo hagan. En 2018, el MIES entregó a la Fiscalía General del Estado documentación sobre abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes que viven en casas de acogida del Estado, pero no hay evidencia de que Diana Salazar haya realizado un seguimiento adecuado. Si va a aducir que solo siguió la norma, habrá que recordarle cuál es el rol de un fiscal si en una casa de acogida hay muestras de que se está violentando la ley.
Algunos de los niños que viven en esta y otras casas de acogida corren el riesgo de ser adoptados por separado. Los jóvenes que están por salir tras cumplir la edad límite de 18 años no tienen a nadie que se preocupe por su futuro, uno que es incierto para todos y más para quienes no tienen una estructura de apoyo como ellos.
Entre las recomendaciones urgentes que se han hecho se encuentran muchas que están al alcance del MIES: restablecer y dar continuidad a un equipo técnico idóneo que tenga que rendir cuentas, mejorar las condiciones con recursos como colchones limpios y duchas con agua caliente, apoyo psicológico de mayor calidad, un protocolo de atención a los abusos y la garantía de recibir visitas externas. Adicionalmente, considero que debe asignarse un tutor para atender a quienes no pueden reinsertarse en el sistema educativo debido a la violencia.
MIES, favor atender. (O)
