Aprovechemos los nuevos vientos de cambio para debatir cómo mejorar las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos.

Es hora de llamar a las coactivas por lo que realmente son: un atropello contra el ecuatoriano de a pie. Una coactiva es cualquier cosa, menos justa. En ella no existe igualdad de condiciones. La entidad estatal que genera la coactiva es juez y parte, y el ciudadano tiene todas las cartas en su contra: bloqueo de cuentas bancarias, impedimentos jurídicos para salir del país, etcétera. Paralelamente, quien se encuentra en un proceso de coactiva tiene que ver con dolor cómo los que le roban millones al Estado se van impunes del país y evaden la justicia.

Todos recordamos aún el caso de aquella persona que fue a estudiar Ingeniería Aeronáutica a Ucrania y que regresó al país sin poder ejercer su profesión. Ese señor terminó trabajando como albañil y sus ingresos no le alcanzaban para poder pagar sus créditos estudiantiles. Historias así o peores hay muchas, y estoy seguro de que todos tenemos a alguien con una situación similar dentro de nuestro círculo de amistades y familiares.

Un pariente cercano tuvo sus cuentas bancarias bloqueadas, por una deuda de $ 5,00 con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Yo mismo tuve que lidiar con los inconvenientes de una coactiva generada por CNT, hace tres años. Dicha empresa pública quiso cobrarme una deuda que tuve en el año 2003 con Andinanet, empresa ya desaparecida. No solo que se me cobró una deuda ya prescrita, sino que se me quiso cobrar intereses sobre la misma. Por mi parte, yo estaba dispuesto a litigar dicha injusticia. Sin embargo –y tal como me lo hizo notar mi esposa en aquel entonces– eso hubiera significado tener mis cuentas bloqueadas durante los casi dos años que hubiera durado aquel proceso judicial. Nosotros requeríamos de aquellas cuentas para el manejo de nuestros gastos domésticos, incluyendo los montos paralelos a su tratamiento contra el cáncer. Al final, y con mucha frustración, opté por cancelar la supuesta deuda.

El nuevo giro de timón que está tomando el manejo de nuestro país debería dirigir ese tipo de esfuerzos a quienes realmente lo han perjudicado con altas cifras. Sin embargo, creo que es el momento oportuno para comenzar una discusión que genere una reforma a la ley sobre la cual se sustentan las coactivas, para cumplir con la función de reclamar montos adeudados, dando alternativas flexibles al ciudadano que, en muchas ocasiones, desea cumplir con sus compromisos, pero se ve impedido de hacerlo, debido a situaciones personales o a las variadas situaciones que hemos vivido en los últimos años y que han afectado a la economía nacional.

No creo que sea una exageración comparar a las coactivas con el concertaje que se practicaba en el Ecuador en los tiempos previos a la Revolución Liberal. Esperemos que estas ideas lleguen a algún asambleísta sensible, que esté dispuesto a lograr que existan condiciones más justas para reclamar el pago de montos adeudados por personas que se rompen la espalda para sostener a sus familias. (O)