El presidente de la República, quien es a la vez jefe de Estado –el ecuatoriano que ha llegado a ese cargo por elección de la mayoría absoluta de los electores–, le ha exhortado a que renuncie. Lo ha hecho luego que se conoció de sus vínculos profesionales con el narcotráfico. Es decir, el jefe de Estado ha perdido su confianza en el Sr. Godoy para liderar el órgano público encargado de velar por la transparencia e independencia judicial. En cualquier país del mundo un pedido como este habría sido suficiente para que este señor presente su renuncia y se vaya. Pero no lo ha hecho.
¿Tal es el poder que tiene este señor que puede darse el lujo de ignorar un pedido que le hace el jefe de Estado en vista del burdo conflicto de intereses en el que se encuentra y del daño que le está haciendo al Ecuador? No se trata de respetar o no la independencia de los órganos constitucionales o el principio de separación de poderes. El problema que tenemos en ciernes no es jurídico, es ético. Es en ese plano donde debe resolverse la desafiante conducta del Sr. Godoy. Pero no solo es el jefe de Estado quien ha perdido su confianza en él, sino también la opinión pública nacional que ve con asombro como, por un lado, el país se derrumba en manos de narcotraficantes –hasta hemos entrado en un conflicto comercial con Colombia por su poca atención a estas organizaciones– y, por el otro lado, tenemos que en el Ecuador el cargo de presidente del Consejo de la Judicatura lo ejerce nada menos que alguien que los ha defendido profesionalmente. Vaya paradoja.
Uno de los principales objetivos que tiene el narcotráfico allá donde va son los sistemas judiciales. Nuestra tragedia es que buena parte de las élites no caen en cuenta de esto o se hacen de la vista gorda, y optan mejor mirar a otro lado. Durante la década de los 80 y 90 fuimos testigos de como buena parte de la clase política corrompió al sistema judicial hasta más no poder. Posteriormente, durante el régimen de la mafia correísta asistimos a un cambio de propietario de la justicia. La justicia se la usó entonces para perseguir a periodistas y críticos del régimen más corrupto de nuestra historia. Lo hicieron con leyes mordazas –que hoy algunos añoran– y con demandas de daño moral. Pero, sobre todo, con jueces títeres. Todo esto facilitaría después la penetración del narcotráfico. Los carteles encontraron el camino ya hecho gracias al trabajo de la banda de delincuentes que nos gobernaron y a la indolencia de nuestra dirigencia.
Por eso es por lo que nos quieren ver la cara. Apuestan a que “la gente se olvide”, a que la presencia del Sr. Godoy se “normalice”, a que aceptemos nomás que vaya a su oficina y dar órdenes como si nada. Apuestan a que nos quedemos callados y miremos a otro lado. Así como muchos se quedaron callados durante la tiranía de Correa y su pandilla; callados porque hacían negocios o por miedo. Así hoy se apuesta a silenciar o simplemente a ignorar o distraer a quienes creen que la decencia, la tolerancia y la transparencia en el manejo de la cosa pública es aún posible.
El caso del Sr. Godoy es una bofetada a la conciencia colectiva del país, una mofa a nuestro futuro y un insulto a nuestra historia. Es como si nos refregaran nuestro fracaso como nación; razón suficiente para no desmayar. (O)
