La ilegal y arbitraria remoción del presidente del Tribunal Contencioso Electoral por parte de tres de los cinco jueces electorales y su expedito reemplazo por uno de ellos es un pésimo augurio de cara a las próximas elecciones. Entre las razones invocadas para destituirlo fue que los vehículos del Tribunal no tenían mantenimiento. No es broma. Como si lo anterior fuera poco, en el afán de darle legitimidad a tan burda decisión, salieron ciertas voces a denunciar que el Tribunal Contencioso Electoral se aprestaba a destituir al presidente de la República por la simple presentación de una demanda en su contra. Hasta se habló de un golpe de Estado. Absurdo. ¿No saben leer acaso? En vista de la naturaleza democrática de nuestro sistema, la Constitución reserva la destitución del presidente y vicepresidente al Poder Legislativo. El único que sale golpeado con esta remoción es el estado de derecho. Un acto que incrementa la desconfianza pública que cubre a nuestras instituciones electorales.
Está fresca aún en la memoria el fraude electoral cometido en abril de 2017 cuando el sistema del Consejo Nacional Electoral sufrió un apagón de dos horas, tiempo en el cual los resultados electorales se invirtieron para dar el triunfo a quien había perdido las elecciones (Moreno). Después de todo habían robado millones de dólares que robarse unas elecciones no era problema. Una mancha más al tigre. Semejante fraude fue luego ratificado por funcionarios del Gobierno que abiertamente reconocieron que su candidato había perdido las elecciones. Correa en un acto de inmoralidad pública condecoró al responsable de este fraude, le agradeció por los “servicios prestados” y con abrazos y besos lo becó al exterior. Varios medios de comunicación fueron penalmente perseguidos y un conocido analista fue acosado hasta la crueldad, todo por el delito de haber cuestionado los resultado de ese fraude. Pero como en el Ecuador a las élites en general no les importa la democracia o la ley, y prefieren acomodarse a los hechos consumados del poder de turno, el episodio del apagón quedó para la historia.
En realidad los fraudes electorales no se cometen el día de los comicios. Ese día es simplemente la culminación de procesos que se han gestado durante meses y hasta años. Fue lo que pasó con el apagón de 2017 y es lo que está sucediendo en Venezuela. La falta de independencia de las autoridades electorales con respecto al poder y a los actores políticos; su escasa transparencia en sus decisiones –como esto de remover de su cargo al presidente del Tribunal Contencioso Electoral aduciendo que no le daba mantenimiento a los autos–; el permitir que funcionarios públicos hagan propaganda; la falta de seriedad de los sistemas informáticos; el escaso control sobre el dinero del crimen organizado; todo ello va preparando el camino para estafar a la democracia el día de las elecciones. Esto es lo que hace del caso venezolano algo tan extraordinario. La oposición tuvo que luchar contra un sistema que estructuralmente estaba diseñado desde siempre para robar las elecciones en favor del chavismo. Pero fue una lucha que les llevó veinticinco años. ¿Queremos eso en el Ecuador?
La integridad del sistema electoral es uno de los grandes acuerdos nacionales que debemos alcanzar en el Ecuador. (O)