“Palabras, palabras, palabras”, le contesta Hamlet a Polonio.

Hace casi cuatro años la Asamblea Nacional utilizó palabras para plantearle a la Corte Constitucional una acción de interpretación. La Asamblea solicitó a la Corte que interprete el artículo 422 de la Constitución. Palabras más y palabras menos, ese artículo dice que el Estado ecuatoriano tiene prohibido celebrar tratados en los que ceda jurisdicción soberana sobre temas contractuales. La Asamblea preguntó si esa prohibición incluía a los tratados de protección de inversiones.

En pocas palabras, los tratados de protección de inversiones son convenios que se firman entre Estados para proteger a las compañías que van a hacer negocios fuera de su país. En esos convenios se establece la obligación de los Estados de garantizar mínimos estándares de justicia y equidad a los inversionistas extranjeros. Se trata de cosas tan básicas como la prohibición de expropiar sin previa y justa compensación. Esos tratados también incluyen cláusulas que permiten al inversionista acudir a centros de arbitraje internacionales en caso de que se presenten controversias por el incumplimiento de los tratados.

Me hace gracia recordar las palabras que mi profesor de Derecho Internacional utilizaba para describir la importancia de esos tratados. Según mi profesor, esos tratados son la forma en que los inversionistas americanos pueden tener algo de seguridad de su inversión en “places where people do not share our values”. Tal vez mi profesor estaba usando esas palabras porque tenía en mente lugares en donde un presidente dice que él es el jefe de todas las funciones del Estado y en donde se redactan sentencias de cientos de páginas en cuestión de minutos.

Los tratados de inversión no son solo palabras. Con ellos se logra mandar el mensaje al mundo de que el Estado le da la bienvenida a la inversión extranjera. Y la inversión extranjera es un grupo de palabras que significan muchas cosas. Para empezar, significan empleo para padres que lo necesitan y oportunidades para jóvenes que no las tienen y cuyas pocas opciones de vida se reducen al consumo y al tráfico de drogas.

La Corte Constitucional utilizó sus palabras para negarse a interpretar palabras. El argumento fue que con acciones de interpretación como la planteada por la Asamblea Nacional solo cabe asignar sentidos abstractos a las normas y no pronunciarse sobre algo concreto como lo consultado. Por supuesto que la distinción entre abstracto y concreto es una cuestión de palabras. Una cuestión de palabras, como cuando esa Corte resolvió que si la Constitución dice que el matrimonio es el vínculo entre hombre y mujer no quiere, en verdad, decir eso.

Creo que es el momento de priorizar la inversión y el empleo. De usar palabras para lograr ese objetivo.

Lo que Shakespeare hizo decir a Hamlet fue “words, words, words”. Dicho de corrido suena “swords, swords swords”: espadas, espadas, espadas. Las palabras son espadas y hay que usarlas bien y en el momento oportuno. (O)