El modelo centralista de administración del poder público en Ecuador está agotado. Hay que definir un nuevo modelo de gobernanza, como fruto de un debate nacional. El proceso es complejo y difícil de acometer dada la alta fragmentación política. Aquí, aspectos a considerar para una transición exitosa:

El propósito central del nuevo modelo de gobierno es construir desarrollo con equidad. Debe contribuir a revertir la incesante diáspora de talentos desde ‘la periferia’ a las grandes ciudades, causada por la lógica de mercados y por el clientelismo que el centralismo estatal despierta. Urgen iniciativas descentralizadas que mejoren drásticamente el ingreso de productores agrícolas vulnerables y subempleados urbanos. Que promuevan encadenamientos y aglomerados de negocios de bienes y servicios con mercados nacionales e internacionales, causando desarrollo sostenible de amplia base. Para estos fines son visibles dos opciones: diluir al centralismo vía una agresiva descentralización o sustituirlo por un régimen de gobierno federal.

Que exista el consenso suficiente para dejar el centralismo, por un nuevo modelo que asegure crecimiento con equidad.

En el primer caso, el Gobierno central debe transferir más recursos y competencias a los gobiernos locales que lo previsto hoy por la ley. Descentralizar decisiones y ejecución del gasto en infraestructura, producción, asistencia social, salud, educación y afines hacia los gobiernos locales, dejando en el centro roles de rectoría. Instaurar modelos de alianza público–privada, para la prestación de servicios para el desarrollo local. Digitalizar al máximo la relación de los ciudadanos con todos los niveles de gobierno. Como resultado, migrarían hacia las provincias y cantones un gasto anual no menor a tres mil millones de dólares en empleo público y provisión de bienes y servicios. Es mucho poder a redistribuir y muchas reacciones a superar. Requerirá un profundo e inédito proceso de asistencia técnica, dadas las precarias capacidades existentes en los gobiernos locales. Es desafiante, pero posible.

El federalismo, además de lo anterior, implica reasignar (como mínimo actualizar) potestades sobre fuentes de ingresos, gastos y servicios como: deuda externa, renta petrolera, seguridad social, servicio nacional de energía eléctrica, manejo regional de caudales de agua cruda, entre otros. Adicionalmente, las federaciones deberán contar con capacidad legislativa y de generación y administración de ingresos y prestación de servicios. En este caso, las competencias y relaciones de poder a redistribuir requerirán, a más de capacidades locales, un acuerdo entre ganadores y perdedores más difícil de lograr que en el caso de mayor descentralización. Y no se cuenta con un liderazgo nacional convocante capaz de alinear tales voluntades.

Que exista el consenso suficiente para dejar el centralismo, por un nuevo modelo que asegure crecimiento con equidad. Que se construyan capacidades locales que administren transparente, eficiente y eficazmente el poder y los recursos, con mayor gasto per cápita en parroquias y cantones más necesitados de progreso social. Que se inicie un agresivo proceso de descentralización, como paso inexorable hacia un Ecuador incluyente. (O)