Resulta increíble que en el Ecuador se viva en medio de la pobreza, sentados en la riqueza por las enormes reservas de minerales que existen, como el oro, entre otros, y dirigentes politiqueros y anarquistas que buscan el caos y se oponen a su explotación.

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Penosamente, el Estado ha sido muy débil en los controles y se torna necesario ser más contundentes en el combate a la extracción ilegal de los ricos minerales que se encuentran en el subsuelo del territorio nacional.

El Estado no solo lucha contra los protagonistas de la explotación ilegal, que depreda el territorio nacional, sino con sus aliados que de manera deliberada contribuyen a esta tarea.

Las posturas y decisiones sobre minería

Qué hacen ciertos Gobiernos locales que han sido permisivos con el uso del territorio para depredar con equipos camineros pesados, a vista y paciencia de todos y con autoridades nacionales y de los órganos de control que permiten estos hechos.

Por ello, han sido ciertos Gobiernos nacionales de turno los que dispusieron grandes operativos, con la acción firme y contundente de militares y policías, para descubrir y desbaratar estas operaciones ilegales, que ya dejaron inmensos daños ambientales y económicos. Ese ha sido el caso de Buenos Aires, en el norte del país. Sin embargo, en el seguimiento de estas acciones hubo debilidades y complicidad en la justicia y autoridades de control, e indiferencia en los Gobiernos descentralizados.

Es hora de decirles ‘basta’ a sus acciones y manifestaciones que solo buscan oponerse al desarrollo y al bienestar social,

Lo grave de todo es que haya ciertos sectores sociales e indígenas, dirigidos por quienes impulsan el estallido social, el caos y la violencia, que se opongan a la minería legal con presiones, amenazas y acciones, incluso a las comunidades para que digan ‘no’ a las consultas informativas del Estado sobre los proyectos mineros legales, que les permite su desarrollo.

Empero, estos personajes que patrocinan la violencia nada dicen ni hacen contra los protagonistas de la explotación ilegal de minerales, que tanto daño producen al medioambiente y se llevan millonarias ganancias, sin pagar un solo impuesto.

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Desde luego que a la minería legal hay que controlarla rigurosamente, exigir los permisos ambientales, evitar que dañen el medioambiente y que se enmarquen y respeten las reglas, regulaciones y el ordenamiento jurídico.

El Estado tiene no solo que impulsar y promocionar la inversión extranjera, como hiciera el Gobierno encabezado por el presidente en el último foro de Canadá, sino liderar procesos para que se agilice la aprobación de la ley de consulta previa, libre e informada y que se cuente con el catastro minero actualizado, entre otros instrumentos legales, cuyas deudas siguen pendientes.

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No es posible que con las enormes potencialidades y riqueza que tenemos bajo tierra se viva en medio de la pobreza, con la oposición radical e irracional de sectores politiqueros, que desde la dirigencia social e indígena buscan protagonismo político y hacer tanto daño e impedir la generación de ingresos, tan necesarios precisamente para la inversión social.

Es hora de decirles ‘basta’ a sus acciones y manifestaciones que solo buscan oponerse al desarrollo y al bienestar social, más aún cuando hoy el país vive momentos de violencia e inseguridad en medio del conflicto armado interno. (O)