Los males ocurridos en este verano, que han coincidido con el inicio del proceso electoral, no pueden ser utilizados políticamente de forma irresponsable como una plataforma para enfrentarse entre rivales en los próximos comicios presidenciales y legislativos, y con ello tratar de beneficiarse de los resultados de los incendios o de la crisis eléctrica.
Luego de los lamentables hechos, no debiera hacerse campaña para aprovecharse de las tareas que por mandato popular les obliga a realizar a las autoridades y que debieron haber liderado acciones de prevención y que en muchos casos incumplieron.
Sería criminal, como fueran los incendios provocados, el utilizar el momento para promocionarse o reivindicar a sus organizaciones o candidatos para los próximos comicios, con el argumento de que hay autoridades que sí trabajan con liderazgo, pero luego de los desastres.
Sería grave si se llegara a comprobar la injerencia de actores políticos en los hechos ocurridos con los incendios en Quito y en otros lugares del país, no solo los autores materiales, sino los intelectuales, que causaran serios daños a la naturaleza, la contaminación del medioambiente y la vida misma de moradores.
Que no quede en la impunidad, como el asesinato de Fernando Villavicencio. Se sentenció a los sicarios pero no se ha llegado aún a los autores intelectuales, los verdaderos responsables de ese magnicidio. Sería inadmisible y reprochable que intenten llegar o volver al poder con una ciudad que pretenden verle en cenizas y una parte del país en llamas.
Lo grave de estos últimos sucesos es la determinación de que han sido incendios provocados, que no fueron casuales, según confirmaran autoridades nacionales y locales. Incluso se ha llegado a calificarlos como hechos terroristas y criminales, que tanto daño han hecho no solo con la destrucción de la naturaleza y la contaminación del medioambiente, sino también por los daños y riesgos en la vida de personas residentes en las inmediaciones de estos incendios.
Se han generado sospechas cuando fueron públicas las declaraciones que hace poco hiciera un actor político frustrado, que tiene cuentas pendientes con la justicia y que formulara predicciones de que iban a existir atentados y violencia en el país, con detalles y lugares.
Lo que ha vivido Quito y el país durante este verano no es casual o solo consecuencia de una sequía y la profunda crisis eléctrica, que se arrastra durante décadas, sino que hay muchos delitos y una presunta planificación para la destrucción.
Quito y el país ya vivieron esos ataques en octubre del 2019 y junio del 2022, que no fueron reivindicaciones de los pueblos, sino la manipulación para desestabilizar el país y tomarse el poder por esa vía.
La crisis eléctrica no han podido solucionarla todos los últimos Gobiernos, menos aún aquellos que estuvieron más tiempo en el poder, como sucediera con los diez años de una misma administración. Al menos tuvieron tiempo para sentar las bases de soluciones estructurales para evitar más apagones, con el cambio de la matriz energética, proyectos hidroeléctricos bien hechos y no con fallas y miles de fisuras, y hacer mayores inversiones económicas, con la apertura al sector privado y su activa participación. (O)
