Cuenta la leyenda áurea del monje dominico y arzobispo de Génova, Jacobo de Vorágine (Siglo XIII), que la frase ¿Quo Vadis, Domine?, fue dicha por San Pedro mientras huía de Roma por la vía Apia durante la persecución anticristiana de Nerón. Según se relata, se encontró con Jesucristo quien cargaba con su cruz y le preguntó ¿Quo Vadis, Domine? (¿Adónde vas, mi Señor?), a lo que Cristo respondió: “Mi pueblo en Roma te necesita, si abandonas a mis ovejas yo iré a Roma para ser crucificado de nuevo” (https://proyectoemaus.com/quo-vadis-domine/).

Hoy, varios siglos después de lo que nos cuenta esta historia, los ecuatorianos nos preguntamos ¿hacia dónde va el Ecuador? ¿A quién o qué necesitamos para que las escenas dantescas que se vivieron en octubre de 2019 y en anteriores levantamientos indígenas no se repitan?

Nuestro país desde su fundación como Estado en 1830 comenzó teniendo como presidente a un general venezolano. Luego llegó gente ilustre y patriota como Vicente Rocafuerte, caudillos liberales como Eloy Alfaro, conservadores como García Moreno, populistas ilustrados como Velasco Ibarra, e incluso hemos transitado durante algunos momentos por regímenes dictatoriales. Asimismo, el país ha tenido gobiernos de derecha como el de León Febres-Cordero y Durán Ballén, social demócratas como el de Rodrigo Borja o de izquierda totalitaria como el de Correa.

En una apretada síntesis, el Ecuador ha venido siendo gobernado por todo tipo de políticos a lo largo de su corta vida republicana, pero fue recién a partir de 1990 cuando el país pudo presenciar el primer levantamiento indígena, a través del cual se demandaron reivindicaciones históricas de carácter redistributivo, como el derecho y la legalización de tierras; el acceso al agua y riego, así como como la construcción de un Estado plurinacional, con educación bilingüe y medicina tradicional indígena (https://www.jstor.org/stable/pdf/j.ctv1gm016x.41.pdf). Posteriormente estas exigencias se han venido repitiendo y en otros casos multiplicando en los levantamientos de 1992, 1994, 1997, 2000, 2001, y en de octubre de 2019, respectivamente.

Ahora bien, todo parece resumirse, más allá de las diez últimas exigencia de la Conaie, en que la periodicidad y la intensidad de la protesta indígena en nuestro país se debe a una permanente insatisfacción social con el modelo económico de turno, con las dificultades gubernamentales de cada época para comprender las causas de la movilización, así como la producción de políticas económicas que habrían venido excluyendo las necesidades de los sectores más pobres del país.

No obstante lo anterior, es deplorable que en atención a una serie de exigencias ciudadanas, que en algunos casos pueden entenderse y en otras hasta justificarse –de eso se trata el derecho que tenemos para reclamar y exigir cambios a los políticos de turno–, se pretenda caotizar al país, impedir que se abastezcan las ciudades, se destruyan bienes públicos, se amedrente al comerciante, en fin, se busque desestabilizar democráticamente al Ecuador.

Demandar y requerir correcciones y protestar dentro de los límites del derecho, sí. Destruir a un país y derrocar a un presidente, jamás. (O)