¿A dónde vas?, le pregunta Pedro a Jesús, jurando sacrificarse por él. “Donde voy no me puedes seguir”, responde el Nazareno, asegurándole que lo negaría tres veces. Esmeraldas no sabe hacia dónde va “negada” por tantos Gobiernos y asolada por constantes catástrofes. El maestro Juan García Salazar advertía las malas prácticas ambientales y sus efectos inevitables en un país donde varios procesos industriales no cumplen las normativas. Se contaminan ríos, mares, se deforesta, se emigra.
Etnoeducación y protección de los recursos naturales, gritaba García desde campos, montañas, esteros; el Estado no escuchó. El derrame de petróleo del 13 de marzo refleja esa sordera y desatención de una provincia puntal de la economía, de riqueza hídrica, tierra productiva, una refinería que sostiene la nación, zona turística extensa y esforzado potencial humano. Otra vez Esmeraldas se tiñe de horror y tristes historias campesinas de cosechas arrasadas por hidrocarburo tras la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), ante un pueblo suplicante de agua, pan y piedad.
El terremoto del 2016 desnudó carencias para enfrentar desastres con reacciones oportunas y fondos necesarios; misma queja de Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) hoy. El SOTE tiene 53 años; ¿se ejecutan planificaciones, controles, mantenimientos oportunos?; ¿se renueva material?; ¿existe monitoreo en áreas de acceso a la tubería para evitar injerencia externa?; ¿se hacen estudios de suelo periódicos para prevenir derrumbes? Al escribir esta columna se advertían averías de tuberías en otras provincias. Las petroleras prometen tecnologías renovadas: ¿cumplen?
El 2018 ocurrió otro derrame en Esmeraldas. Ese año, en el artículo “Agua para Esmeraldas” expresé la angustia de un pueblo sediento obligado a proveerse del río contaminado por emisiones de la refinería, ocasionando decenas de enfermedades. En el desbordamiento de seis ríos el 2023, volvió a reclamar recursos para afrontar la crisis. El Gobierno minimizó la gravedad del “magnicidio” ambiental. La ministra de Energía, Inés Manzano, reconoció 3.000 barriles derramados; Petroecuador confirmó 28.000. ¿Cómo tapar tremenda mancha con un dedo? Además confunden entre accidente natural y sabotaje.
Muchos evaden sus descuidos, ineficiencias, omisiones. La zona depende del ecosistema. Se afectó lo ecológico, humano, turístico, agrícola, pesca, recolección, la subsistencia humana. Hay muchas especies afectadas por las 240 hectáreas siniestradas; esto demorará años en ser superado. Se estiman 4.500 familias (15.000 personas damnificadas) y 500.000 afectados. ¿Quién responde? ¿Qué garantiza que no sucedan más episodios similares? La indemnización preliminar de Petroecuador a las familias damnificadas ordenada por el presidente Daniel Noboa es un agridulce paliativo; a la pachamama, ¿quién la indemniza? Esta catástrofe refleja un Estado fallido y un Gobierno desconectado de lo ambiental y del bienestar ciudadano. Este pregunta: “¿Quo vadis, Esmeraldas, con tanta indolencia?”. Solo Dios lo sabe. (O)
