La señora ministra fiscal, Diana Salazar, ha venido defendiendo los derechos de los ciudadanos de la rapiña de los gobernantes, de los últimos 14 años, con el aplauso de todos los ciudadanos de bien de la República. A pesar de tener en contra grupos narcopolíticos nacionales con inmenso poder político, económico y delictivo asociados internacionalmente con Venezuela, Cuba y carteles mexicanos y colombianos. No ha tenido la fiscal general respaldo de la Asamblea Nacional con una relativa mayoría de legisladores que quieren la impunidad de sus coidearios que saquearon el país desde el 2008. Tampoco ha tenido respaldo de Judicatura para lograr justicia y sanción para delincuentes, quienes se han valido de todas las argucias judiciales y la corrupción para eludir sanciones penales. Ha tenido un apoyo problemático de la Policía, por algunos malos uniformados que están relacionados con la narcopolítica.

Reorganizar las Cortes

A pesar de las dificultades la señora fiscal ha salido adelante, y con una buena investigación de la Policía y su decisión ha descubierto una mafia narcojudicial -solo una de las varias que existen-, que estaba presidida penosamente por Wilman Terán, expresidente de la Judicatura que debió dar ejemplo de honestidad y respeto a la ley, un personaje que ya estaba cuestionado por los abogados del país y la misma Corte Nacional que le quitó su respaldo, aunque son responsables de su designación y que entiendan deben designar no por amiguismos, o por el más simpático socialmente, sino por un concurso donde inviten a participar a juristas de prestancia con excelentes antecedentes y con experiencia.

Ruina moral y resurgimiento

Pero la Constitución, el COIP, se hicieron con otros fines, no para servir al país, nos quitaron derechos. La existencia misma de la Fiscalía, donde un fiscal es dueño de la investigación y dependemos de su capacidad y honestidad para que decida sobre nuestra libertad, honra y bienes, no participa junto con la Policía en la investigación, y ante los miles de denuncias que no pueden resolver, llegamos también a la impunidad.

El Código de Procedimiento Penal de 1983, artículo 20, dice: “Se prohíbe toda pesquisa penal fundada en anónimos, manuscritos, o impresos que no lleven pie de imprenta. Pero los jueces averiguarán extraprocesalmente si se ha cometido la infracción referida en los anónimos, y si lo confirman, iniciarán de oficio el proceso penal”. Este artículo permitía las denuncias anónimas y los jueces de instrucción de encontrarlas fundamentadas iniciarían de oficio el proceso penal. En tanto, el artículo 430-1 del COIP establece la denuncia con reserva de identidad, pero en la práctica estos denunciantes terminan algunos asesinados aun dentro del Sistema Nacional de Protección a Víctimas y Testigos o enjuiciados por calumnia, por lo cual nadie denuncia los hechos delictivos. Ante la criminalidad organizada estamos amedrentados. Hay temor de denunciar hechos ilícitos que en el CPP de 1983 con denuncia anónima eran legales. Es necesario reformar estas leyes prodelitos que nos impiden a los ciudadanos también a través de denuncias anónimas luchar contra la corrupción. (O)