No hay duda de que Ecuador tiene que reiniciar en muchos ámbitos. Uno de ellos –y muy relevante– es el de sectores estratégicos: petróleo, electricidad y minería.
En la última década el país se ha debatido en un escenario de bajo crecimiento económico, incluidos años de contracción como el año pasado por la crisis energética. Y uno de los factores que más han pesado es la falta de desarrollo de estos sectores que tienen el potencial de movilizar cuantiosa inversión privada que puede dar un giro a esta modesta expectativa. Como el Estado no tiene capacidad de invertir en el marco del modelo monopólico imperante, solo cabe esperar un golpe de timón para el giro de 180 grados. Es lo que no se dijo con contundencia en el debate presidencial.
Uno de los temas más críticos es la necesidad de racionalizar los subsidios de los combustibles y del tarifario eléctrico que representan en suma $ 4.200 millones anuales, lo que equivale más o menos al déficit fiscal recurrente que necesita ser constantemente financiado con nueva deuda pública. Para dar este paso, largamente postergado, se requiere de decisión política y fino análisis para delinear la transición a un esquema de costos más reales, limitando la discrecionalidad de los subsidios actuales.
Por ejemplo, el pliego aprobado para 2025 establece un costo de electricidad promedio de 9,5 centavos el kilovatio hora cuando su costo real ronda los 15, aunque los documentos oficiales evitan el sinceramiento tarifario amparados en la norma constitucional y legal que dispone que las inversiones en la red no se cargarán a dicho costo. Para tener un referente, Colombia y Perú se manejan en rangos de 18 a 20 centavos el kilovatio hora.
Respecto al consumo de combustibles –que en más de 70 % son importados– se calcula que uno de cada cuatro o cinco galones se va de contrabando por las fronteras terrestres y marítima. La tentación del margen subsidiado es irresistible.
La reforma institucional en la gestión de los ministerios de Energía y Minas, Ambiente, Celec, CNEL, Petroecuador –todas estas empresas lastradas por un pasado de burocratismo y corrupción–, así como las respectivas agencias de regulación sectoriales, es un tema fundamental para el cambio de rumbo de los sectores estratégicos. Al tiempo, la continuidad en el desempeño de las autoridades encargadas es la única manera de alinear a los mandos medios que manejan su propia agenda.
El tiempo que demandan los trámites es un factor crítico. El ciclo de aprobación de un contrato de inversión en el Ministerio de la Producción y el informe de sostenibilidad fiscal del Ministerio de Economía no puede tomar tres años o más como viene sucediendo. Lo propio respecto a los procesos de licenciamiento ambiental que son excesivamente engorrosos, debido a la falta de una nueva ley de consulta previa y de consulta ambiental. Hay también demoras por eventuales incidencias. Existe una normativa ambiental para el desarrollo de operaciones hidrocarburíferas, pero no específicamente para la fase de exploración, lo que frena la ejecución de los contratos petroleros de Intracampos I y II. Múltiples razones para aplastar el botón de reinicio. (O)
