La falta de empleo y la situación económica son unas de las principales preocupaciones de los ecuatorianos. El Gobierno podría emprender una gran reforma financiera que permita una mayor acumulación de capital en el país, derivando en un mayor crecimiento de la producción y del empleo y una acelerada reducción de la pobreza. Ecuador debe proponerse ser el nuevo centro financiero estrella, compitiendo con Panamá en la región.
El complemento natural de una economía dolarizada, cuyo principal beneficio es haber eliminado el riesgo cambiario, es la internacionalización de su sistema financiero. No obstante, en Ecuador hemos continuado la política del avestruz, con un sistema financiero prácticamente aislado del resto del mundo.
En el año 2020, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP) presentó un proyecto de Ley de Modernización del Sistema Financiero –que ahora ha sido actualizado por el economista Danilo Vélez– considerando los cambios que se efectuaron en el Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF). El COMF, aprobado en 2014, formalizó y dejó instaurados de manera permanente el modelo de represión financiera que venía practicando el correísmo años antes de su implementación. Además, otorgó amplias facultades para conducir política monetaria al Banco Central del Ecuador (BCE), como la determinación de reservas de liquidez, la facultad de orientar el crédito, entre otras.
El centro financiero panameño como lo conocemos hoy es un fenómeno relativamente reciente, cuyo punto inicial es la reforma bancaria de 1970. Inspirándose en esta reforma, el IEEP ha presentado una propuesta para fomentar la competitividad en el sector financiero mediante el libre flujo de capitales, la eliminación del control de las tasas de interés, la apertura a los inversionistas extranjeros y la tributación territorial.
Las carteras de créditos y de depósitos en Panamá superan el 100 % del PIB, mientras que las de Ecuador apenas llegaban al 33 % y 37 %, respectivamente. El ahorro externo captado por el sistema financiero de Panamá constituye un 38,2 % del total de la cartera de depósitos (mayo de 2024), mientras que en Ecuador es casi inexistente. En lugar de persistir en la fracasada política de controlar las tasas de interés, derivando como todo control de precios siempre y en todo lugar en escasez y mercados negros (léase usureros), deberíamos inyectarle competencia al sector financiero eliminando barreras a la entrada existentes en la legislación vigente.
Esta es una propuesta que difícilmente se enfrentaría a una oposición política importante. ¿Quién se opondría a que los bancos locales se vean obligados a competir con bancos extranjeros? ¿Qué político en campaña no promete aumentar la oferta de crédito?
Una parte esencial de esas barreras a la entrada la constituyen el impuesto a la salida de divisas (ISD), el marco tributario global, una presión fiscal que supera la media regional, y la distribución obligatoria de utilidades. Estos cambios, más aquellos propuestos en el proyecto de ley del IEEP, reúnen los elementos claves presentes en los centros financieros estrella: un marco regulatorio que prioriza la libre concurrencia de entidades financieras nacionales e internacionales y la tributación simple y baja. (O)
