Cualquier sociedad organizada bajo la forma de Estado prevé que, ante problemas que pueden surgir de forma sorpresiva y con graves efectos, debe tener un respaldo financiero e institucional que le permita afrontar tales problemas. En Ecuador cada vez que hay un problema imprevisto y de graves efectos los ciudadanos y las instituciones se viran al Estado para que este los auxilie. Pero resulta que el Estado, salvo muy rara excepción, no tiene los fondos suficientes para acudir eficazmente en ayuda de quienes lo reclaman.
Los problemas son varios: regularmente los Gobiernos no se animan a reducir el gasto público que no es de calidad; no existe un fondo especial para atender emergencias; las contrataciones para atender emergencias, dados los abusos vividos y la corrupción que nos corroe, no son lo ágiles que debieran ser; el Estado, por sus conocidos retrasos, no es sujeto de crédito por parte de proveedores, etc. Total, terminamos rogando por ayuda internacional. Todos merecemos ser auxiliados por el Estado ante las circunstancias indicadas. Las tragedias pueden ocurrir en cualquier momento. La Constitución de 1998 estableció en el artículo 250 el llamado Fondo de Solidaridad, el cual servía, entre otros, para “atender los efectos sociales causados por desastres naturales”. La crisis bancaria de 1999 acabó con dicho fondo. Este invierno ha causado mil problemas por las lluvias, inundaciones, deslaves, socavones, etc.
¿Cómo deberíamos solventar en el futuro las tragedias señaladas? Me parece que debería instituirse por ley que, de cada barril de petróleo que se exporte, cincuenta centavos se destinen a la creación de un fondo de emergencias administrado de forma desconcentrada. Y en el caso de los GAD municipales, sin perjuicio de su participación en los cincuenta centavos señalados, creo que un dólar de cada revisión técnica vehicular debería destinarse a la creación de un fondo local de emergencias. En ambos casos, tales dineros deberían administrarse a través de fideicomisos, de tal manera que no corran el riesgo de ser tomados ante las mil y un necesidades del Estado central y de los GAD municipales. Otra alternativa pudiera ser que, por mandato legal, de cada galón de gasolina y diésel que se consuma se grave con un centavo de dólar dicho consumo, y esos dineros, por mandato legal, se destinen a un fondo de emergencias. Los GAD municipales y provinciales pudieran ser beneficiarios de parte de ese gravamen por mandato legal, dinero dedicado a atender emergencias. Lo importante es que haya certidumbre y suficiencia para solventar las frecuentes tragedias naturales que con frecuencia vivimos los ecuatorianos.
Respecto del auxilio que merece todo ciudadano cuando se presentan incendios en sus hogares, creo que debería instituirse un seguro a pagarse con cada planilla de luz, debiendo para el efecto hacerse las reformas legales correspondientes. Por el volumen de usuarios la prima debería ser pequeña. La falta de respuestas institucionales permanentes ante estas tragedias hogareñas es alarmante. El Estado debe atender las necesidades públicas. (O)
