Hace pocos días el matemático Juan José Illingworth publicaba en su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter) el dato de la disminución de empleos en Guayaquil en el trimestre que va desde diciembre de 2024 a marzo de 2025, calculando una pérdida de 50.000 puestos de trabajo (incluyendo empleos adecuados e inadecuados), argumentando que la causa principal de la disminución es la arremetida de los grupos delictivos que han encontrado en la extorsión una muy lucrativa fuente de ingresos ilícitos.
En ese contexto sería importante tratar de determinar la cantidad de negocios obligados a cerrar y las pérdidas causadas en los últimos meses a causa de las ‘vacunas’.
Naturalmente, resulta muy difícil cuantificar con precisión el monto de las pérdidas, más allá de que en otros países como México sí se han dado cifras que resultan asombrosas.
En un artículo divulgado hace unos meses, se aseguraba que salvo las bandas criminales, muy pocos tienen una idea real del escalofriante impacto económico de la extorsión, citando fuentes que aseguraban pérdidas anuales de cerca de diez mil millones de dólares entre comercios o negocios cerrados y los montos pagados a los extorsionistas.
En realidad desde hace años todos los estudiosos de la economía narco han sostenido que la actividad del narcotráfico, siempre y sin excepción, ha traído consigo el desarrollo indiscriminado de otras actividades delictivas, especialmente extorsión y secuestro; tanto en México como en Colombia, la extorsión es permanente y generalizada, al punto de que la gente opta por convivir con el chantaje de la supuesta protección antes de convertirse en objeto de mortales represalias.
Hay un agravante: en términos generales, el delito del narcotráfico crea una estructura criminal que nos afecta, pero de no forma indiscriminada y generalizada.
En cambio, la vacuna se expande tal cual epidemia, sin importarle el estado, la condición o las circunstancias del extorsionado; en esa línea, impacta y debilita de forma agresiva la economía popular, produciendo el fenómeno señalado al inicio de este artículo, propietarios de viviendas amenazados, centenas de negocios cerrados, miles de personas sin trabajo y lo que es peor, con una tendencia a seguirse expandiendo en medio del descontrol y desconfianza de la gente. Ojo, y con un agravante cual es que los Estados, no solo el ecuatoriano, usualmente son incapaces de definir estrategias exitosas en la lucha contra el delito de extorsión, permitiendo obviamente su anárquico auge.
Y por supuesto, la corrupción que cunde en gran parte de la Función Judicial y que permite la liberación inmediata de cualquier criminal capturado por la fuerza pública.
Lo que ocurrió hace unos días con el juez que autorizó la libertad de uno de los secuestradores de la ciudadana china, finalmente asesinada, debe ser uno de los capítulos más repulsivos y tristes de nuestra historia penal.
Estamos ante un escenario insoportable y ¿qué hacemos?, ¿nos tenemos que acostumbrar a esta barbarie? (O)
