El Municipio de Guayaquil solicitó un préstamo de cuarenta y nueve millones de dólares al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-CAF, para el financiamiento parcial del programa integral de fortalecimiento de la infraestructura urbana con enfoque a la movilidad activa, sostenibilidad, agua segura, adaptación al cambio climático y economía circular del Puerto Principal.

En contrapartida, el aporte que hará el Municipio más poblado del Ecuador para dotar de agua potable a cerca de trescientas mil personas en el sector de Monte Sinaí será de cerca de cuarenta y siete millones de dólares. En otras palabras, la ciudad aportará el 49 % de inversión y la CAF, el 51 %.

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Para explicar el título de esta columna, las garantías soberanas son compromisos asumidos por el Gobierno nacional para respaldar el cumplimiento de las obligaciones financieras de municipios y prefecturas ante organismos multilaterales de crédito. Estas garantías son cruciales para que los municipios y las prefecturas accedan a financiamiento en condiciones más favorables, ya que los organismos prestamistas confían en la solvencia del Estado para asegurar el repago de los créditos.

Sin embargo, hasta lo que se conoce, el Gobierno nacional de Ecuador aún no ha otorgado la garantía soberana al Municipio de Guayaquil, a pesar de que desde el 28 de febrero del presente año se informó, por parte del Ministerio de Finanzas, que Guayaquil sí cuenta con la capacidad para honrar esta obligación y que, en tal virtud, se va a continuar con el trámite legal que corresponde.

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Es conocido, por otra parte, que las garantías soberanas aumentan la deuda potencial del Gobierno, limitando su capacidad para obtener futuros financiamientos y afectando la sostenibilidad de la deuda pública; además que un aumento en compromisos puede incrementar el riesgo crediticio del país y disminuir nuevas líneas de crédito con esta clase de organismos.

Desde esta columna le pedimos al señor ministro de Finanzas que priorice la entrega de esta garantía soberana, ya que no se termina de entender si acaso el Gobierno tiene otras situaciones que considere más urgentes que la de dotar de agua potable a unos de los sectores más densamente poblados del Ecuador y que se encuentra en un estado permanente de vulnerabilidad.

Debemos suponer que lo que realmente está pasando es una demora propia de la burocracia capitalina, producto de la cantidad de trámites que maneja el Ministerio de Finanzas y de la complejidad que suelen revestir estos papeleos, ya que no sería para nada justificable que la demora de la entrega de esta garantía obedezca a la demora injustificada de mandos medios por tratarse de un tema de Guayaquil, ni mucho menos factores políticos, puesto que cuando hablamos de la vida, de la salud y del bienestar de cientos de miles de ecuatorianos que viven en Monte Sinaí, debemos inferir necesariamente que el Gobierno nacional hará todo lo que esté a su alcance para proceder de manera inmediata a la entrega de esta garantía.

Esperemos que así sea. (O)