Es lamentable cómo se ha convertido en lugar común hablar de derechos cuando se tienen que afrontar hechos reñidos con la ética y la moral. La fórmula, especialmente en épocas en donde las denuncias de corrupción han sido constantes, suena grotesca, burda, cuando se trata de los responsables de manejar los temas públicos.

Al parecer, estas personas piensan que sus derechos personales y políticos deben anteponerse. Olvidan que, en su definición clásica –y de acuerdo con la Real Academia de la Lengua–, se trata de una “facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor”, pero que tiene un contrapeso que es la responsabilidad que se tiene hacia el Estado y las leyes. En otras palabras, los derechos también acarrean responsabilidades personales y, cuando se es funcionario de elección popular, por nominación o por designación, esas responsabilidades públicas deben anteponerse.

Traigo a colación este punto por los hechos que ocurren en el Municipio de Quito, que por meses está sumido en un caos administrativo, que ha llevado a la ingobernabilidad de la ciudad. Los protagonistas de esta historia, electos por quienes vivimos aquí, parece que olvidaron que deben atender las necesidades de la gente. Y las necesidades son urgentes y están interconectadas entre sí: movilidad, seguridad y trabajo.

La pugna política, sin precedentes en la historia reciente de la ciudad, tiene en espera el tema del metro y el sistema de buses municipales, en momentos en que se deben mantener las medidas de bioseguridad, como son el distanciamiento físico y el uso de mascarillas. En cuestión de semanas se habrá colocado la segunda dosis de la vacuna contra el COVID a un par de millones de habitantes de Quito, quienes necesitarán transportarse de manera segura, para volver a sus trabajos, a las aulas o a cualquiera sea su actividad.

¿Acaso volverán a llenar los alimentadores de los tres corredores de transporte municipal como ocurría antes de la pandemia?, ¿ya se olvidaron de que la capacidad de los alimentadores en algunas rutas y los sistemas, por ejemplo, de Ecovía o Trolebús (en horas pico) era llevada al extremo y las personas iban prácticamente una sobre otra? A eso súmele el aumento del tráfico. Ha habido meses para enfrentar este tema, pero hemos pasado viendo el lamentable espectáculo que se da en el Municipio.

En cuanto a la seguridad, al parecer, los protagonistas de esta historia no notan el rápido deterioro de la capital. Es cuestión de recorrer la ciudad, ver las noticias o preguntarle a la gente si se atreve a dar un paseo por ciertas zonas. ¿Se han dado una vuelta por el centro histórico? ¿Cómo atraeremos el turismo si no es posible caminar sin tropezarse con ladrones, expendedores de drogas y prostitutas? Y como tampoco hay trabajo, las veredas están tomadas por los vendedores ambulantes. Sin hablar de lo que pasa en las esquinas, en donde decenas de personas se lanzan sobre los automóviles en busca de ganarse unos centavos.

Quito no tiene más tiempo para que su máxima autoridad siga con su pelea personal. Sus derechos hace rato que quedaron a un lado frente a la realidad de lo que afrontan sus mandantes. (O)