Han transcurrido 8 días desde que el Gobierno declaró estado de guerra al Ecuador. Las imágenes de policías y militares trabajando en conjunto, ejecutando operativos, patrullando por diferentes puntos del país, circulan por redes sociales y de mensajería. Y el país aplaude la medida. Sin embargo, esta sigue siendo reactiva si no se activan otros frentes.
Al crimen organizado -y esto se ha dicho cientos de veces- hay que atacarlo con una estrategia clara, que implique acciones de corto, mediano y largo plazos, que abarquen los temas vinculados a justicia, economía y política, así como a una serie de actores de todas las funciones del Estado que, a su vez, requieren el apoyo de gremios, dirigentes empresariales, sociales... la sociedad en su conjunto.
En sencillo: mientras el frente militar continúa arrestando a quienes considera terroristas, la justicia debe garantizar procesos expeditos y justos. Eso incluye que quienes resulten culpables no obtengan su libertad por corrupción o por la manipulación del sistema. También deberá responder con acciones y decisiones frente al planteamiento del presidente Noboa, quien recogió el sentir de muchos ante la actitud de jueces y fiscales que han apoyado a la criminalidad: plantear que sean considerados parte de la estructura criminal y, en consecuencia, sean considerados terroristas.
¿Qué hará la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura frente a esto? ¿Tienen alguna alternativa distinta?, ¿qué hacen para sumarse en la lucha contra la corrupción, la impunidad y la criminalidad?, ¿cuándo proponen una reforma a la Asamblea Nacional para mejorar la calidad de jueces y establecer sanciones más fuertes a quienes abusan del sistema?
También está en manos de la justicia, de los órganos de control y del Ejecutivo decidir cómo coordinarán su trabajo para atacar el corazón de la actividad criminal, que está en su estructura económica. La Asamblea Nacional, al menos, debiera volver a mirar esa ley de lavado de activos que aprobó hace un par de años y que no necesariamente alcanza los estándares planteados en el proyecto original. La extinción de dominio debe ser más eficaz. Y el cruce de información debiera ser instantáneo y con mucha seguridad informática.
Para llegar a los cabecillas de la criminalidad y seguir persiguiendo sus pasos y a sus negocios, la inteligencia es importantísima. Los programas de recompensa no son suficientes. El Estado requiere mejorar su sistema, profesionalizarlo, manejarlo técnicamente, despolitizarlo. Requiere también de más y mejor tecnología, de mayor acceso a intercambio de información.
Las cárceles deben volver a manos del Estado, lo que, entre otras cosas, significa quitarles el poder a los reclusos y separarlos. Introducir tecnología para el manejo de estas.
En lo político, no solo están los procesos judiciales ya abiertos contra personajes públicos, hay que exigir, por ejemplo, que el CNE presente sus resultados sobre denuncias de campañas financiadas con dinero caliente. O pedir a la propia Contraloría que revise las declaraciones patrimoniales de los políticos que al cabo de un tiempo se convierten en gente con dinero. (O)
