Hagamos algunas preguntas respecto a lo ocurrido en el Ecuador la última semana, como ejercicio para ver si vemos el tamaño del iceberg contra el que chocamos. Me refiero únicamente a dos hechos que acapararon los noticieros desde el miércoles anterior. En primer lugar está el aumento de la violencia, expresada en secuestro, asesinatos, balaceras y motín carcelario, antes y durante el feriado, especialmente en Manabí y Guayas. Y, en segundo lugar, a los testimonios anticipados de Mayra Salazar, Helive Angulo, Marcelo Lasso y Lidia Sarabia, testigos de la Fiscalía General del Estado en el caso Metástasis.

Si bien Diana Salazar está cumpliendo su trabajo, hay que preguntar ¿cuánta presión genera esto sobre los otros miembros del crimen organizado? Hay algunos nombres que se conocen y otros que todavía se guardan (la Fiscalía tiene una agenda y varios teléfonos que todavía están en análisis), pero se trata de personas con poder económico y armado, que son capaces de muchas cosas. Eso lleva a otra interrogante: ¿cuál será la reacción de esos grupos si, por un lado, se sigue descubriendo su estructura y, por el otro, sus negocios relacionados? No olvidemos que en la lucha contra el crimen organizado hay dos golpes clave: a la estructura (los nombres de quienes son integrantes) y a los negocios que están atados a su actividad (economía ilegal).

Más de 1.500 cuerpos suman los casos Metástasis, Purga y Encuentro

Las mismas versiones y los chats ratificaron que las cortes, particularmente de Guayaquil y de varias ciudades de la Costa están controladas por la criminalidad, ¿cómo se va a garantizar que esto cambie?, ¿se investigará a los jueces y personal de justicia del resto del país, especialmente de las zonas donde se encuentran los santuarios del narcotráfico?

Y qué decir de la política, ¿cómo piensan limpiar el sistema político?, ¿cómo mejorar los controles de quienes son candidatos o de quienes entregan dinero en las campañas?, ¿cuándo el Consejo Nacional Electoral se pronunciará sobre el control a los movimientos y campañas, que cada vez son más?, ¿por qué no empujan la reforma que permita achicar el número de agrupaciones y mejore el control?

La violencia de los últimos días no es casual. Los grupos criminales ya tienen una idea de cómo trabaja el Estado para afrontarlos y han mostrado que pueden volver a crear desesperanza y miedo si se lo proponen. O preguntemos en Puerto López cómo están luego del secuestro a una familia, que luego fue asesinada por parte de 20 personas armadas que ingresaron a un hotel.

¿Cómo explicar que se hacen requisas en las cárceles y los presos, cuando deciden protestar, pueden compartir videos en redes sociales y sistemas de mensajería, casi transmitir en directo, diciendo lo que quieren y es reproducido sin que medie contrastación alguna por varios medios de comunicación? ¿Qué paso dará el Gobierno cuando termine el estado de excepción?, ¿cómo se trabaja con los municipios, especialmente los que tienen bajo su responsabilidad la seguridad y son parte de las zonas más peligrosas por la presencia de las bandas?, ¿cómo se bajará la presión entre las propias bandas cuando sus cabecillas afrontan intentos de asesinarlos por las bandas rivales?... (O)