“La Amazonía no está muriendo, la están matando. Hace seis mil años que mi pueblo venera esta selva, que es la mayor parte de vida que tenemos en el planeta, pero los gigantes petroleros no lo ven así y se dedican a realizar actividades extractivas precisamente en los puntos más rebosantes de vida, derramando su veneno, contaminando los ríos y avivando la fiebre climática. Están matando la selva y la riqueza biológica que alberga. No solo habitamos la selva, sino que formamos parte de ella”. Así habla, con voz alta, Txai, de 26 años de edad, del pueblo amazónico brasilero Paiter Suruí.

El Parque Nacional Yasuní está ubicado en las provincias amazónicas Pastaza y Orellana, tiene una extensión de 10.200 km. Es refugio de los Tagaeri y Taromenane, de los pocos grupos indígenas aislados voluntariamente que aún quedan en el mundo, su lugar más biodiverso. En 1 ha del bosque hay tantas especies de árboles como en Canadá y EE. UU. Es el hábitat de 150 especies de anfibios, 121 de reptiles, 598 de aves y más de 200 de mamíferos. ¡Un pedazo inmenso de paraíso! En 1979, por el aumento de la presión extractivista fue creado. En 1989 la Unesco lo designó como Reserva de la Biósfera, para preservar y fomentar la armonía entre los humanos y la naturaleza.

“Nunca debió haber habido el menor intento de explotar petróleo en el Yasuní. La historia de este territorio es de extractivismo, de deforestación y destrucción del patrimonio cultural y material del país”, dice Carlos Larrea, profesor investigador universitario. Sensible a las demandas indígenas para no explotar petróleo en la zona, el presidente de la República celebra un acuerdo con la ONU para dejar el crudo bajo tierra, a cambio de una compensación pecuniaria, en un proyecto único en el planeta. Se esperaban $ 3.600 millones, algunos países solo contribuyeron con $ 13 millones en total. El 2013 cancela la iniciativa el mandatario y pide a la Asamblea Nacional que declare de interés nacional la explotación petrolera en la zona, conforme a lo establecido en el art. 407 de la Constitución, a pesar de ser una zona protegida y declarada como intangible por habitarla pueblos indígenas en aislamiento voluntario, precepto inexplicable ya que se contrapone con el art. 57 ídem, que prohíbe las actividades extractivas en esos lugares. La Asamblea, coincidente política con el Ejecutivo, aprueba la petición y no convoca a consulta popular como era su atribución. Según las encuestas, el 92 % de los ecuatorianos no quería que se explote petróleo en dicho sitio. El poder tenía su trampa, en abril del 2013 los mapas señalaban presencia indígena en el sector, en agosto ya no.

El mismo año un grupo de jóvenes amantes de la naturaleza y de la vida forman la organización Yasunidos y recogen firmas para impedir la extracción. A pesar de las trabas impuestas logran reunir más de 700.000 firmas, pero el Consejo Nacional Electoral, captado por el poder político omnímodo, anula 400.000.

En la segunda parte abordaremos la situación de los indígenas habitantes de la zona y el cumplimiento de la consulta popular. (O)