Ocurrió el 9 de mayo pasado: once militares murieron en una emboscada terrorista cuando se desarrollaba una operación de la Brigada Selva 19 Napo en el sector Alto Punino ubicado en Orellana, en la Amazonía ecuatoriana, donde operan campamentos de extracción ilegal de oro.
La Fiscalía abrió una investigación por terrorismo; el presidente Daniel Noboa declaró tres días de luto y aseguró que el Gobierno encontrará a los responsables y los acabará. El régimen también anunció apoyo en vivienda, salud y educación a los familiares de los soldados asesinados.
Las acciones humanas en favor de la familia de las víctimas del ataque con explosivos, granadas y armas de fuego son totalmente justas por quienes han entregado su vida al servicio del Ecuador, pero no basta para un país que observa hastiado cómo los grupos de delincuencia organizada (GDO) siguen destruyendo la paz y amenazan la esperanza de días mejores.
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El presidente ha puesto su palabra en un mensaje de X: “Encontraremos a los responsables y los acabaremos”. Tampoco será suficiente si las bandas se siguen financiando con la minería ilegal, el tráfico de droga y de armas.
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El mandatario, que acaba de llegar de una gira por Europa y Oriente Medio en busca de cooperación en materia de seguridad, tecnología y posibles inversionistas, tiene una tarea titánica y con ella se comprometió en las dos campañas presidenciales que ha hecho. El 24 de mayo inicia un periodo de cuatro años de gobierno, pero las acciones son urgentes, no pueden ni deben esperar.
La emboscada a los militares es una advertencia peligrosa, pero más que nunca el Bloque de Seguridad debe mantenerse firme y el régimen insistir a la comunidad internacional para que la cooperación en la lucha contra la delincuencia sea inmediata. La muerte de los militares, de los ciudadanos que caen en manos de sicarios o extorsionadores, de los niños víctimas colaterales de enfrentamientos no pueden quedar en la impunidad ni ser una repetición constante. Ya basta. (O)