Cuando se trata de atender una dolencia de salud el primer paso es tener el diagnóstico claro. En educación ocurre lo mismo y el foro ‘Educación, política de Estado: vivencias, dificultades, innovación y soluciones’, desarrollado el 17 de julio, fue el escenario donde las charlas previas confirmaron problemáticas graves que afectan a la niñez.
“Los niños ahora quieren ser capos de la mafia y ya no astronautas”, fue la impactante frase de la ministra de Educación, Alegría Crespo. Y aunque cada vez con más frecuencia se leen noticias de inseguridad que involucran a menores de edad y las investigaciones dan cuenta de infantes reclutados para el robo, microtráfico, tenencia de armas y hasta sicariato, escucharlo de la representante del Gobierno en la formación educativa no deja de ser escalofriante.
No fue el único dato de alarma. María Brown, directora ejecutiva de la Fundación Crisfe, y exministra de Educación, recordó que al menos el 25 % de escuelas y colegios del país no tienen agua potable y saneamiento. La falta de internet es otro problema y todo en conjunto afecta la continuidad educativa.
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Ambas hicieron referencia a las pruebas Ineval en las que los resultados no varían o la variación es mínima desde 2021: 8 de cada 10 estudiantes no alcanzaron el nivel mínimo de competencias en Lengua y Literatura y 7 de cada 10 en Matemática. Ocurre tanto en el sector público como el privado.
Con esos síntomas la sociedad tiene la obligación de alarmarse y las autoridades de todos los ámbitos empujar soluciones. La situación compete no solo al Ministerio de Educación, también a los ministerios de Inclusión Social, de Gobierno y merece incluso la participación directa del presidente Daniel Noboa.
Tiene razón la ministra Crespo cuando dice que la familia y la ciudadanía deben involucrarse. Los cambios en la malla curricular son un primer paso, pero la integración de todos los actores inmersos en la formación y educación es urgente para ver un cambio real. (O)
