El artículo 98 de la Constitución de la República garantiza el llamado “derecho a la resistencia”, es decir, protege la decisión de los ciudadanos, en solitario o agrupados en colectivos sociales, de protestar por resoluciones del poder público que sienten que pueden afectar de alguna manera su bienestar, sus principios o su futuro.
Decenas de organizaciones de sindicalistas, maestros, estudiantes, campesinos, jubilados y profesionales han anunciado que este 4 de julio ejercerán ese derecho y saldrán a las calles en rechazo al incremento del precio de los combustibles y la paulatina eliminación de los subsidios. Decisiones del gobierno de Daniel Noboa que, a su juicio, herirán gravemente las finanzas de la gente común.
Esta jornada de protestas debe desarrollarse de manera pacífica para precautelar la seguridad de aquellos que participen en ella y de los ciudadanos que decidan continuar con sus rutinas.
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Aún están frescos en la memoria del país los recuerdos de los violentos paros nacionales que se vivieron en el 2019 y en el 2022 (de los que se ha dicho que tuvieron detrás motivaciones políticas menos legítimas que el reclamo popular), los cuales causaron muertos, heridos y cuantiosas pérdidas económicas.
Al Gobierno le corresponde canalizar los pedidos populares a través del diálogo, sin menospreciarlos ni minimizarlos. Pero tampoco puede ceder ante los chantajes de grupos políticos que hallan en estas movilizaciones la oportunidad para desestabilizar la democracia, mucho más con la cercanía de la campaña para las elecciones generales del 2025.
El tema de los subsidios ha sido siempre polémico. Para unos, al eliminarlos, Noboa ha dado un paso necesario para sincerar la economía nacional; para otros, ha dado una estocada al bolsillo de los ecuatorianos solo para congraciarse con los organismos multilaterales de crédito. Unos y otros quizás no se pondrán de acuerdo, pero en democracia esas diferencias deben trabajarse en paz, procurando que el mayor beneficiario sea el país. (O)
