Vehículos circulando por el carril exclusivo de la Metrovía, conductores bloqueando intersecciones o pasando con la luz del semáforo en rojo, autos parqueados en doble columna en el centro de Guayaquil o sobre las veredas de cualquier barrio. Personas esquivando automotores para cruzar una calle aunque haya paso peatonal y ni hablar de motorizados haciendo zigzag para ganar ventaja en medio del tráfico. Todos esos escenarios de infracciones son comunes y amenazan vidas a diario.

Aunque artículos periodísticos repitan con frecuencia lo que ocurre, hay que insistir en la responsabilidad de las autoridades, que deben aplicar la ley, pero también de la sociedad para que haya orden y no se siga lamentando víctimas.

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En el primer trimestre de 2025 hubo 4.610 víctimas de accidentes de tránsito, 565 de ellas murieron. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) señalan 4.759 siniestros de enero a marzo y aunque hay una ligera disminución del 2,24 % de los sucesos comparado con el mismo periodo del año anterior, la cifra sigue siendo alarmante.

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Es grave que la causa principal sea impericia e imprudencia del conductor (38,12 % de los casos). La imprudencia del peatón aparece en 182 registros de siniestros.

Las leyes de tránsito existen y son motivo de cuestionamiento de conductores y de revisiones de casos puntuales cuando se denuncian excesos. No se trata de endurecerlas ni su función o deber ser es la recaudación, sino la prevención.

Está en toda la sociedad la responsabilidad de evitar tragedias, de respetar las normas de convivencia y esto se traduciría incluso en menos estrés cuando se está frente al volante.

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Y si bien los conductores y peatones deben tener la predisposición de cambio en favor de la prevención de accidentes y un tránsito más saludable, las autoridades están obligadas a impulsar la educación vial y las campañas de concienciación permanentes para que desde niños el respeto por las leyes sea un hábito. La seguridad vial es una prioridad. (O)