Los alcaldes del país acaban de cumplir un año en sus funciones, a excepción de los que fueron reelegidos, que suman ya cinco años. Desde el Gobierno anterior han venido lidiando con atrasos de asignaciones acumuladas y las necesidades de sus localidades no esperan.
El primer reto de un nuevo alcalde, más para los que no han tenido experiencia en la administración estatal, es dominar la función pública, más allá de que quien se postula a un cargo de elección popular debe estar preparado para enfrentarla. Es lo ético y responsable.
Los ciudadanos tienen en sus manos herramientas democráticas para que se cumplan los planes ofrecidos. Un año es tiempo suficiente para que se hayan sentado bases, se mantengan obras en ejecución, se emprendan nuevas y atiendan servicios. Ese es el sentido de la política.
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Mandantes y autoridades tienen obligaciones y responsabilidades, más allá de intereses políticos o personales. Un año es tiempo adecuado para revisar cómo van los cumplimientos, rendir cuentas y reajustar metas.
Claro que hay que considerar los recursos y dentro de ellos los atrasos que sin duda afectan ejecuciones, sobre todo en municipalidades donde los ingresos propios son escasos. El 7 de mayo pasado el Legislativo aprobó una ley según la cual las transferencias a los GAD (gobiernos autónomos descentralizados) deben hacerse los cinco primeros días del mes.
El pasado 14 de mayo el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Patricio Maldonado, afirmó que se han cumplido pagos hasta marzo, aunque de ese tramo habló de un valor pendiente de $ 60 millones. También explicó en una emisora que la deuda del Estado a los cabildos superaría los $ 1.000 millones, un arrastre de la administración anterior.
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Corresponde al Gobierno y a los GAD buscar los mecanismos para cumplir con sus mandantes. Los compromisos, así como las leyes deben ejecutarse sin pretextos. Al final el gran juez de todo político será el ciudadano. (O)