En redes sociales y en grupos de WhatsApp se comparten en estos días resultados de diversas encuestas. Faltan poco más de 50 días para que los ecuatorianos asistan a las urnas a elegir presidente, asambleístas y parlamentarios andinos, el 9 de febrero.
Mientras se acorta el tiempo para los comicios solo tres encuestadoras están habilitadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para realizar pronósticos. No hay un periodo definido de inscripción en el organismo, pero sí una fecha límite para difundir los sondeos, esto es diez días antes de la jornada electoral.
Las encuestadoras se juegan lo más valioso para personas naturales y jurídicas en este negocio, su credibilidad. Nacional e internacionalmente se han visto grandes diferencias entre lo que decían los sondeos y los resultados, por ello el CNE recalca en que ni encuestas ni sondeos a boca de urna son resultados oficiales.
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Los estrategas de campaña las usan con frecuencia como un método de posicionamiento. En ese espacio, otra vez, las empresas privadas dedicadas a los estudios de percepción y encuestas ponen en riesgo la confianza que la ciudadanía pueda darle a un trabajo que debe ser técnico para que los resultados del 9 de febrero sean un espejo de lo que han presentado.
El CNE debe exigir que las encuestadoras registradas, que han cumplido con su normativa, sean las que difundan información para evitar que los sondeos se conviertan en herramienta de persuasión o de manipulación de la voluntad popular.
Las firmas habilitadas para este trabajo, según el CNE, son: Centro de Estudios y Datos (Cedatos), Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (Centroinvest Cía. Ltda.) y el consultor Álvaro Marchante Carrero. Otras pueden hacerlo aún, igual que para el exit poll, para lo cual no se ha aprobado a ninguna entidad.
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La decisión del futuro del país en las urnas es una responsabilidad ciudadana, pero no puede pasarse por alto la importancia de las encuestas en el proceso y exigir al CNE y a las encuestadoras una labor pulcra en el proceso. (O)