Las tesis del Gobierno y de los movimientos sociales se escucharon este jueves en movilizaciones en Guayaquil, Quito y otras ciudades.
El oficialismo, con el presidente Daniel Noboa a la cabeza, convocó a sus simpatizantes a marchar en Guayaquil “por la paz y la justicia”, dando a entender que buscaban el apoyo de la gente en la lucha contra el crimen organizado. Pero en el discurso, el mandatario aprovechó para fustigar, nuevamente, a la Corte Constitucional (CC) por no haber aprobado parte del cuestionario de la consulta popular. Semanas atrás, pero en Quito, Noboa se quejó de que el organismo había suspendido la vigencia de artículos de sus leyes de Solidaridad, Inteligencia e Integridad Pública, que considera importantes para combatir a las bandas narcoterroristas.
Del lado de los sindicatos, gremios de profesionales, jubilados, activistas de derechos humanos y otros grupos, las demandas son múltiples: desde que se declaren inconstitucionales las leyes ya citadas hasta el rechazo a la consulta popular y los despidos en el sector público, y el pedido de declaratoria de la emergencia en el sector de la salud.
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Cabe destacar que estas movilizaciones se realizaron en forma pacífica y organizada, espantando el fantasma de otras protestas que terminaron en muerte y destrucción. Analistas dicen, incluso, que el Gobierno ha introducido una suerte de “formato flash” para aquellas: los trayectos y los discursos son cortos, pensados para las plataformas digitales.
¿Qué tienen en común estas marchas? Que a través de ellas la ciudadanía ha ejercido su legítimo derecho a la protesta social, que está garantizado en la Constitución vigente, y que es clave en las democracias como una forma de expresión de la opinión y el pensamiento.
Pero luego de estas manifestaciones lo ideal sería que se abrieran espacios de diálogo para recoger todos estos pedidos, tanto de los oficialistas como de los opositores, y así definir políticas públicas o leyes que permitan el desarrollo del país en unidad y gobernabilidad. (O)
