La nueva ley de medios establece, entre otros aspectos, la creación de un “consejo de regulación de medios”. La tendencia es contar con un organismo independiente, autónomo, para vigilar la pluralidad de los contenidos y sancionar, si fuere necesario, a los medios audiovisuales. Esto en un marco legal claro y objetivo que permita operar a los medios sin censura previa.

Llama la atención, cómo la discusión sobre la creación de este consejo en Ecuador se ha quedado estancada en que si cuenta o no con un representante del Gobierno, suponiendo que esto implicaría una intervención de la Presidencia en las decisiones de dicho consejo, o sobre el tipo de sanciones que debe o no considerar contra periodistas de medios escritos. Frente a esto, quisiera recoger algunas experiencias internacionales. Por un lado está la experiencia chilena, que en 1989 crea el Consejo Nacional de Televisión, que hoy actúa autónomamente y cuyo principal rol es velar por el pluralismo de los contenidos. Está presidido por una persona que el presidente designa, pero que el Senado debe aprobar por sus méritos y trayectoria, junto a diez consejeros más. Lo que se juzga es la trayectoria académica, el haber sido premiado nacionalmente y la no dependencia política. El Consejo hoy se encarga de velar por que los contenidos de los medios audiovisuales contengan un porcentaje de producción nacional, respeto a los valores de la sociedad y que las informaciones sean apropiadas.

España creó en el 2004 un código denominado Telebasura que busca proteger a los niños de contenidos pornográficos o violentos y para eso regula el horario.

Estados Unidos, creó el Broadcast Decency Enforcement para aumentar las sanciones por transmitir material obsceno o indecente. Todos estos son casos de consejos reguladores de medios audiovisuales, ya que las frecuencias son bienes escasos, no así los impresos ni por internet. Internacionalmente no es una tendencia regular a medios impresos, ya que no es un bien público el papel donde se imprimen.

El punto más preocupante no es el de regular la calidad de los contenidos, sino cómo se definen los criterios de calidad de manera desideologizada y despolitizada, sin poner el foco en sancionar lo que para algunos es o no información “apropiada”, que finalmente se traduce en debilitamiento del pluralismo como principio democrático. ¿Usted cree, por ejemplo, que Berlusconi considera que las informaciones sobre su vida son “apropiadas”?, obviamente no, pero por eso no se las puede sancionar, al menos que se prueben que no son ciertas. ¿Cómo garantizamos entonces la libre opinión, la pluralidad de ideas, el no coincidir ideológicamente con otros? Hoy pareciera que estamos legislando para resguardarnos de posibles abusos de este Gobierno, o peor aún para controlar las opiniones en contra y no para estimular y promover la pluralidad. Ese es el debate de fondo que estanca la forma, porque es un consejo que se asienta sobre supuestos como el que el Gobierno será pluralista, o que la Asamblea velará por los méritos por sobre las cuotas políticas, o que el ideal es estimular la pluralidad y no el control de información homogénea.

Para avanzar debemos asegurar un consejo regulador que en su implementación vele por estos principios y que en la letra chica no resulte en persecuciones ideológicas.