El presupuesto institucional de la Prefectura del Guayas para el año 2024 quedó establecido en $ 275′895.788. Así lo aprobó por unanimidad, en segundo debate, el pleno del Consejo Provincial, presidido por la prefecta Marcela Aguiñaga, reunido en sesión extraordinaria e itinerante en el auditorio del Municipio de Salitre.

La proforma para el año 2024 fue aprobada en primer debate el pasado 14 de noviembre. El presupuesto tendrá una reducción del 3,5 % con relación al de 2023. El plan de inversiones para el nuevo año alcanzará los $ 199,5 millones, de este valor, el 53 % corresponde a obras nuevas, se detalla.

En el eje de infraestructura la inversión aprobada es de $ 145,5 millones, mientras que en desarrollo social, que tiene como principales programas Guayas Integra, Cuidando Vidas, Escuelas de Fútbol, entre otros, el presupuesto aprobado es de $ 10,6 millones.

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Aguiñaga comentó al pleno que el presupuesto tiene una reducción de $ 10 millones, por el recorte de asignaciones hechas por el Gobierno nacional.

El Consejo Provincial también aprobó, en primer debate, el proyecto de Ordenanza de Fomento, Desarrollo y Fortalecimiento de la Economía Popular y Solidaria. Este permitirá impulsar en los procesos de contratación pública los procedimientos de feria inclusiva.

La prefecta dijo que la idea es poner en vigencia esta ordenanza en la provincia, para promover nuevas formas de ayuda a la economía más débil y más frágil, dadas las circunstancias económicas del país.

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En su explicación a los consejeros, Ligia Cobo, coordinadora general de Desarrollo Sostenible, señaló que la Prefectura del Guayas viene dando pasos para integrar en sus proyectos las economías de pequeña escala. “No puede quedarse por fuera la economía popular y solidaria, que es indispensable reactivarla, sea en participación de personas naturales o pequeñas unidades que se encuentren asociadas o no”, comentó.

El Consejo aprobó, también, en primera instancia, el Reglamento para la Aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución Coactiva de Créditos Tributarios y No Tributarios.

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Gunter Morán, procurador síndico provincial, recalcó que este marco legal permitirá la gestión eficiente en el cobro de juicios coactivos que, desde el año 2018, es de apenas el 50 %. (I)